Delia Espinoza asegura que la Fiscalía está tomada por el Congreso: "Cometen una fechoría tras otra"
Tras haber sido inhabilitada por 10 años de la función pública por el Pleno del Congreso, la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, se pronunció por el procedimiento en su contra, aseverando que el Ministerio Público está a merced del Parlamento.
En conferencia de prensa, la suspendida fiscal suprema rechazó lo actuado por el Legislativo, así como "el silencio" de otras instituciones del Estado, por el cual -considera- un claro atropello a sus derechos fundamentales.
"El Congreso concretó la toma del Ministerio Público"
Para la ahora inhabilitada letrada, la aprobación de su suspensión de toda actividad en el sector público configura el control que tendría el Congreso hacia la Fiscalía de la Nación, además de considerarla totalmente inconstitucional.
"Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado, ¿en qué sentido? como lo dije ayer en mi alocución en el Congreso: si se me está juzgando o se me está llevando ante un Pleno del Congreso por un hecho que materialmente no he cometido , eso significa un mensaje directo, en principio a todos los fiscales titulares y no titulares, para que se sometan, para que tengan miedo", sostuvo.
Del mismo modo, apuntó contra la titular del Poder Judicial, Janet Tello, por no pronunciarse al respecto, pese a que le solicitó hacerlo, a fin de mostrar su respaldo "al Estado constitucional de derecho" y dejar su posición sobre si también está o no "bajo orden" del Legislativo.
En esa línea, dejó a entrever que la inhabilitación sería una represalia contra su persona por no haber acatado el resolución de la Junta Nacional de Justicia que disponía la reposición de Patricia Benavides a la cabeza del Ministerio Público, en junio último. Advirtió, además, que podrían verse "más acciones" para alejarla totalmente del sector público, como, por ejemplo, ir en contra de la resolución judicial que dispone la suspensión de todo procedimiento administrativo en su contra.
Motivo de su inhabilitación
El Pleno del Congreso aprobó el informe final que recomendaba la inhabilitación de Delia Espinoza Valenzuela para el ejercicio de cargos públicos por 10 años, por presuntamente incurrir los numerales 1 y 4 del artículo 159, y los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.
Sobre el caso concreto que la aleja de la administración pública, la letrada aseveró que no participó en la elaboración del reglamento que presuntamente transgredía la Ley 32130, ni tampoco dicha norma fue emitida por la Junta de Fiscales Supremos (JFS).
En esa línea, mencionó que la propia Secretaría de la JFS presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde señala que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión.
Según el Parlamento, la ley y su reglamento le habrían generado la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024, la cual incurría la ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, la cual fortalece la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.
Desde la defensa de la exfiscal han dejado la posibilidad abierta de recurrir a instancias internacionales en contra de la inhabilitación.