Judiciales
Cuestiona disposición del Gobierno

Fiscal Jorge Chávez Cotrina advierte que Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos es "inejecutable" por falta de recursos

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, advirtió que el Decreto Legislativo N.º 1735 es inejecutable por carecer de recursos por parte del MEF.
Fiscal Jorge Chávez Cotrina cuestiona Decreto Legislativo N.º 1735. Composición Exitosa
16-02-2026

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, expresó su rechazo al Decreto Legislativo N.º 1735, norma emitida el 12 de febrero por el Poder Ejecutivo, la cual crea el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC).

De acuerdo con el dispositivo publicado, tiene como finalidad "optimizar la investigación, el procesamiento y las sanciones penales contra la extorsión y sus delitos conexos", promoviendo la celeridad y la efectividad de las actuaciones de los operadores de justicia, el fortalecimiento de sus capacidades, el respeto irrestricto de los derechos y garantías de las partes procesales, así como la protección de la víctimas.

Norma es considerada "inejecutable"

A través de un pronunciamiento emitido este lunes 16 de febrero en las plataformas oficiales del Ministerio Público, el fiscal coordinador "advirtió" que la norma carece de financiamiento real para su implementación de fiscalías especializadas.

Asimismo, sostuvo que dicha norma ha generado, en la ciudadanía, una expectativa de fortalecimiento inmediato en la lucha contra la extorsión y el sicariato; sin embargo, fue enfático en precisar, que no podrá concretarse si no se garantiza el respaldo presupuestal correspondiente.

"Pretender que se creen y funcionen nuevas fiscalías especializadas sin una asignación económica específica, en la práctica, vuelve a la norma inejecutable. Este año, además, se nos ha recortado el presupuesto institucional. ¿Cómo vamos a asumir nuevas funciones si ni siquiera contamos con los recursos suficientes para la operatividad actual?", cuestionó.

Precisó, además, que el artículo 11 del referido decreto establece que su implementación se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados. Es decir, con los propios recursos del Ministerio Público y sin una transferencia adicional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que limita su ejecución. 

"Sin financiamiento, cualquier ampliación estructural resulta inviable y debilita la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales cada vez más violentas", remarcó.

¿Qué dice el Decreto Legislativo N.º 1735?

Según lo aprobado por el Gobierno, el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos estará conformado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), las áreas o dependencias que brindan servicios médicos legales, forenses y de criminalística de las entidades en mención y los servicios de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

El MINJUSDH se encargará de la planificación, conducción, monitoreo y evaluación e implementación del Subsistema. Del mismo modo, establecerá disposiciones y lineamientos para su adecuado funcionamiento y mejora continua.

El calendario para la implementación progresiva del Subsistema se aprueba mediante decreto supremo, previa sesión de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, en un plazo no mayor de 60 días calendario, a partir de la vigencia del presente decreto legislativo.

La Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, en coordinación con la PNP, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, elaborará en un plazo no mayor a 120 días calendario, a partir de la vigencia del presente decreto legislativo, un protocolo de actuación conjunta en el marco de la investigación de casos de extorsión y delitos conexos en el subsistema especializado.

La norma aprobada durante el período de facultades legislativas que le fueron otorgadas al Gobierno tiene su primer rechazo por su falta de recursos para la ejecución, situación que se repite permanentemente en cada institución del Estado.