Masacre en Pataz: Gobierno aprueba solicitud de extradición activa de alias 'Cuchillo' desde Colombia
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), aprobó la solicitud de ampliación de extradición activa de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias "Cuchillo", sindicado como responsable del asesinato de 13 trabajadores de la minera "La Poderosa" en Pataz, en mayo del 2025.
Como se recuerda, los operarios mineros fueron secuestrados y posteriormente ejecutados por encargo del mencionado sujeto, según la teoría fiscal del equipo a cargo de las investigaciones, quien inmediatamente fugó a Colombia para evadir a la justicia peruana.
Podrá ser juzgado en el Perú
De acuerdo con la Resolución Suprema N.º 009-2026-JUS, publicada este jueves 15 de enero en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno accedió al pedido formulado por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de la Corte Superior de Justicia del Santa, a fin de que pueda ser procesado en el Perú por la presunta comisión del delito de extorsión agravada, en grado de tentativa.
Cabe señalar que, según el artículo 37 de la Constitución Política del Perú, la extradición solo es concedida por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema de Justicia de la República. En ese sentido, el 29 de octubre del 2025, la Sala Penal Permanente declaró procedente la solicitud de ampliación de extradición activa contra el imputado.
Siguiendo con el procedimiento a cargo del MINJUSDH, la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, es la instancia que propone al Ejecutivo acceder o no al pedido de extradición activa o pasiva, figura que fue aprobada el 23 de diciembre de 2025, habiendo sido ratificada por el Consejo de Ministros.
Prisión preventiva en su contra
El 22 de mayo último, el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Antonio Rodríguez Díaz, luego de que fuera capturado en la ciudad de Medellín, una semana atrás.
Por su parte, la Fiscalía logró ante sus pares de Colombia, su detención preventiva con fines de extradición, en el marco del tratado bilateral vigente, para de esta manera, asegurar su proceso judicial en nuestro país.
Luego del crimen perpetrado en contra de los trabajadores mineros, el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y el actual de José JerÍ, vienen declarando en estado de emergencia la provincia de Pataz, con la finalidad de hacerle frente al accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia.
El último dispositivo fue publicado el 6 de diciembre último, con un período de vigencia de 60 días calendario, donde las Fuerzas Armadas siguen manteniendo el control del orden interno; mientras que, la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa brindando su apoyo operacional.
De esta manera, el Gobierno dio un paso más para que alias "Cuchillo" pueda ser procesado en el país, mientras los deudos de la masacre siguen esperando justicia.