Judiciales
Niegan recurso

José María Balcázar: Poder Judicial continuará con juicio oral contra presidente tras negarle pedido de prescripción

Corte de Lambayeque declaró infundado el recurso y fijó la instalación del juicio oral para el próximo 21 de agosto. El mandatario es acusado de apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados.
Presidente es acusado por presunta apropiación ilícita. (Composición Exitosa)
10-07-2026

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque resolvió este viernes declarar infundado el pedido de prescripción de la acción civil presentado por la defensa del presidente de transición, José María Balcázar Zelada, en el proceso que se le sigue por presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque.

El tribunal también rechazó la suspensión de plazos en cuanto a la prescripción civil, pero aceptó la suspensión parcial del proceso en atención a la alta investidura del acusado, lo que implica que el juicio se retomará una vez concluido su mandato presidencial.

La decisión del PJ

En la parte resolutiva, el juzgado estableció que el juicio oral en el extremo civil se instalará el 21 de agosto de 2026 a las 3:30 p.m., y continuará el 28 de agosto a las 9:30 a.m.. La decisión fue notificada a las partes, incluyendo al Ministerio Público y a la defensa del mandatario.

La resolución marca un hito en el caso del presidente interino, pues la defensa había insistido en que la acción civil debía declararse prescrita por el tiempo transcurrido desde los hechos investigados, ocurridos durante la gestión de José María Balcázar como decano del gremio de abogados entre los años 2019 y 2020.

Además, la defensa argumentó que, al ser Balcázar adulto mayor (83 años), debía aplicarse una reducción del plazo de prescripción. Según su interpretación, el plazo de dos años para reclamar reparación civil debía reducirse a la mitad, lo que significaría que ya había vencido en junio de 2026.

La acusación contra Balcázar

El Ministerio Público acusa a Balcázar de haber desviado recursos institucionales hacia cuentas personales durante su gestión gremial, con un perjuicio económico estimado en más de S/340 mil. La Fiscalía sostiene que los fondos por colegiaturas y cuotas mortuorias no fueron bancarizados correctamente y terminaron fuera del circuito institucional.

La defensa, por su parte, argumenta que el plazo de prescripción ya venció y que el mandatario no puede ser sometido a juicio mientras ejerza la presidencia. Sin embargo, el Poder Judicial ha dejado claro que la acción civil sigue vigente y deberá resolverse en el fuero correspondiente.

La decisión mantiene abierto el proceso contra José María Balcázar y fija fechas concretas para la instalación y continuación del juicio oral. Aunque se reconoció la suspensión parcial por su investidura presidencial, el rechazo al pedido de prescripción confirma que la acción civil no ha caducado.

El caso se convierte en un nuevo desafío para la gobernabilidad del mandatario, que deberá responder ante la justicia por hechos ocurridos en su gestión gremial mientras intenta sostener la estabilidad política del país.