PNP podrá revisar contenido de equipos informáticos en caso de flagrancia delictiva previa autorización fiscal
Como parte de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo oficializó la modificatoria al Código Procesal Penal, a fin de regular la autorización para la revisión de equipos informáticos en casos de flagrancia delictiva en los delitos de extorsión, sicariato y secuestro, así como de aquellos detectados al interior de los establecimientos penitenciarios.
Como se recuerda, desde el 15 de diciembre del 2025, el Gobierno está en la capacidad de legislar por 60 días en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
Policía Nacional podrá revisar equipos informáticos
De acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 1698, publicado este martes 20 de enero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, se aprueba el fortalecimiento de la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú (PNP) para agilizar los procesos penales.
En ese sentido, con la finalidad de combatir la delincuencia común y la criminalidad organizada, la institución policial podrá a revisar la información contenida en los equipos informáticos que son hallados en posesión del detenido por la comisión de delito flagrante por extorsión, sicariato o secuestro, siempre y cuando, con autorización previa del Ministerio Público. Para ello, se incorpora el artículo 230-A al Código Procesal Penal, quedando establecido de la siguiente manera:
"En los casos de detención en flagrancia delictiva por la comisión de los delitos de extorsión, sicariato o secuestro, el efectivo policial, con autorización previa del Ministerio Público, está facultado para revisar la información contenida en los equipos informáticos hallados en posesión del detenido. Asimismo, esta facultad puede ejecutarse dentro del establecimiento penitenciario cuando, en operativos inopinados, se hallen equipos informáticos", señala el artículo.
Agrega, además, que la autorización se dispone cuando resulte indispensable para cumplir los fines de esclarecimiento del hecho. "Al término del acto de investigación, el fiscal requiere al juez competente la correspondiente resolución confirmatoria", puntualiza el texto.
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Amplían estado de emergencia
El Gobierno oficializó el domingo 18 de enero, la extensión del estado de emergencia, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada en Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao, así como en las provincias de Tumbes y Zarumilla del departamento de Tumbes, y las provincias de Trujillo y Virú del departamento de La Libertad.
De acuerdo con lo señalado por la administración de José Jerí Oré, la PNP mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Asimismo, se mantienen y refuerzan las medidas excepcionales en materia de seguridad e inteligencia vinculadas al control penitenciario, control territorial y la respuesta del sistema de justicia, así como otras acciones estratégicas orientadas a fortalecer la lucha contra la criminalidad.
De esta manera, el Ejecutivo sigue adoptando acciones en su lucha contra la inseguridad ciudadana en el país.