18/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/01/2026
Para combatir los casos de extorsión y sicariato, que se han intensificado en el sector transporte, el Gobierno de la República emitió este domingo un Decreto Supremo que activa las medidas complementarias para hacerle frente. En el marco de la Ley N° 32490 se busca garantizar la continuidad y seguridad del servicio terrestre.
Contra la inseguridad
La resolución N° 009-2026-PCM publicada en el diario oficial El Peruano, indica que las implementaciones se "financiarán con "el presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas". Esto implica que no demandará de recursos económicos adicionales a las arcas del Estado peruano.
Menciona además que la Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá cinco días calendario para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga acceso a la base de datos sobre personas denunciadas por extorsión y sicariato. Esto siempre que no haya alguna observación de por medio.
Se indica también que Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) supervisará a algunas empresas con la finalidad de que detecten movimientos extorsivos en transferencias vinculadas a denuncias por extorsión. Esto en el marco de las "normas vigentes de prevención del lavado de activos y financiamiento del delito de terrorismo vigentes".
Para fortalecer la seguridad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encargará de la evaluación y establecimiento de las rutas, paraderos, terminales y vehículos del servicio de transporte público de personas y mercancías. Una división especializada de la PNP será la que elabore mapas delictivos georreferenciados.
Respuesta y atención inmediata
El decreto indica que la PNP implementará centros de comando y patrullajes focalizado, donde participarán unidades especializadas en extorsión y sicariato. Operarán en estos espacios efectivos conforme al plan operativos realizados y en el que se especificará a quién estará a cargo del grupo dedicado.
Para la protección de las víctimas, se aplicarán los siguientes procedimientos:
- Reserva de la información de la denuncia y de la identidad del denunciante.
- Canal telefónico de orientación al ciudadano.
- Botón de pánico antiextorsión y atención inmediata.
- Patrullaje focalizado.
Los afectados por la delincuencia en el rubro del transporte tendrán acceso a la atención y rehabilitación en salud mental, en marco de la Ley de Salud Mental. También se establece un proceso de reinserción laboral y reactivación de servicio para los agraviados.
Frente a los casos de extorsión y sicariato que viene sufriendo el sector transporte, el Gobierno emitió un Decreto Supremo para combatir estos delitos. Las medidas complementarias buscarán fortalecer la Ley N.° 32490.

