Nayib Bukele promulga la cadena perpetua para adolescentes desde los 12 años por delitos graves
El Salvador vuelve a ser noticia por una de las reformas más drásticas en materia penal juvenil. El presidente Nayib Bukele promulgó la ley que establece la cadena perpetua para adolescentes desde los 12 años que cometan delitos graves, una medida que rompe con el modelo tradicional de justicia juvenil basado en la resocialización.
La aprobación legislativa y la promulgación
La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa a fines de marzo, en el marco de las reformas impulsadas por el oficialismo para endurecer las sanciones contra el crimen organizado y las pandillas. Con la promulgación realizada esta semana, la norma entrará en vigor el 26 de abril de 2026, aplicándose a delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia comprobada a maras.
Hasta antes de esta reforma, las penas máximas para menores eran de 10 años en casos generales y de 15 años para adolescentes mayores de 16, mientras que en delitos vinculados al terrorismo el límite era de 20 años. Con el nuevo marco legal, cuando un delito esté tipificado con prisión perpetua en el Código Penal, la condena será automática para el adolescente, eliminando la discrecionalidad judicial.
Cambios estructurales
La modificación alcanza la Ley Penal Juvenil, el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y la Ley contra el Crimen Organizado. Uno de los puntos más polémicos es que los adolescentes acusados de integrar pandillas serán procesados bajo la Ley contra el Crimen Organizado, lo que implica juicios masivos en tribunales especializados, una práctica que ya se aplica con adultos.
Estos procesos podrán extenderse hasta 24 meses, con posibilidad de prórroga de un año adicional, y las condenas se cumplirán en centros penitenciarios de adultos, aunque con separación por rangos de edad.
Diferencias con adultos y revisión de condenas
La normativa establece que, a diferencia de los adultos, los menores tendrán una revisión obligatoria de su condena tras 25 años de encarcelamiento, lo que abre la primera posibilidad de evaluar una eventual liberación. Para delitos no catalogados como perpetuos, como robo agravado o secuestro, el internamiento máximo se mantiene en 15 años.
El gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para garantizar la seguridad nacional y frenar la operatividad de las pandillas desde sus bases juveniles. Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos han advertido que la reforma podría vulnerar principios básicos de protección a la niñez y adolescencia, al imponer sanciones que consideran desproporcionadas.