Congreso aprueba informe que recomienda inhabilitar por 10 años contra Mirtha Vásquez por presunta infracción constitucional
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el sábado 14 de junio el informe final que recomienda la inhabilitación por diez años del ejercicio de la función pública para la excongresista y expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.
Con 12 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, el grupo parlamentario liderado por María Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso) dio luz verde al documento que señala a Vásquez Chuquilín por la presunta comisión de infracción constitucional en su etapa como presidenta interina del Parlamento, en 2021.
Según el informe aprobado, la exparlamentaria habría incurrido en "aprovechamiento indebido del cargo", al emitir una serie de resoluciones administrativas que beneficiarían a su entorno cercano.
Entre los hechos mencionados se incluyen presuntos aumentos salariales irregulares para funcionarios de su despacho y la omisión de medidas sanitarias durante el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
La propuesta de inhabilitación política deberá ser ahora evaluada por la Comisión Permanente del Congreso, para luego pasar a votación en el Pleno, donde se requerirá el respaldo de al menos 66 congresistas para su aprobación final.
¿Cuáles son las acusaciones contra Mirtha Vásquez?
El informe detalla que, mientras ejercía el cargo de presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez habría aprobado resoluciones con irregularidades administrativas, favoreciendo directamente a trabajadores de su entorno más cercano.
Entre los cuestionamientos se encuentra un supuesto aumento de sueldos sin sustento técnico, y la implementación deficiente de medidas sanitarias dentro del Congreso durante la pandemia, lo que habría puesto en riesgo la salud de los trabajadores.
Estas acciones habrían vulnerado principios de legalidad, transparencia y ética pública, configurando, según el documento, una infracción al artículo 39 de la Constitución, que establece los deberes de los funcionarios públicos.
¿Qué respondió la ex primera ministra?
Tras conocerse la decisión de la SAC, Mirtha Vásquez utilizó su cuenta oficial en la red social X para rechazar el contenido del informe. "Esta acusación no se sustenta en pruebas, solo en suposiciones", escribió, calificando el proceso como un "abuso descarado de poder".
La también abogada y ex defensora de derechos humanos aseguró que el procedimiento responde a una motivación política y no jurídica, y cuestionó la imparcialidad del Congreso. "Se pretende eliminar políticamente a quienes fuimos incómodos para los intereses del poder", agregó.
La ex primera ministra de Pedro Castillo anunció que ejercerá su defensa ante las siguientes instancias legislativas, aunque advirtió que el proceso en su contra representa un grave precedente para la institucionalidad democrática.