Congreso: SAC aprueba informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a cuatro fiscales supremos
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, aprobó este martes 18 de noviembre, el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública a los fiscales supremos Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela.
Vale recordar que, la Denuncia Constitucional 528 fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza, quienes acusan a los representantes del Ministerio Público de haber incurrido en los numerales 1 y 4 del artículo 159, y los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.
Procedimiento:
Tras llevar a cabo una nueva sesión, el grupo de trabajo parlamentario que preside la congresista Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso), aprobó el texto acusatorio con nueve votos, mientras que otros dos votaron tanto en contra como en abstención. Quien se encargó se sustentar el mencionado informe fue el parlamentario delegado Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia).
El documento acusa a los magistrados por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024.
Según la SAC, la resolución aprobaba un reglamento que presuntamente incurría en la Ley 32130, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.
¿Qué sigue ahora?
De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, si el informe final se aprueba finalmente en la Comisión Permanente, el texto pasa a ser sustentado y debatido por el Pleno del Congreso para su debate definitivo.
Es importante señalar que, la denuncia constitucional será aprobada con un mínimo de 66 votos. De lograr dicho cometido, la acusación será derivada al Ministerio Público para que proceda conforme a sus facultades, según ley.
Esta denuncia alcanza a la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, quien espera que la Junta Nacional de Justicia acate lo dispuesto por el 9.° Juzgado Constitucional de Lima, el cual la repone en su cargo como titular de la Fiscalía de la Nación.
Desde la JNJ han acudido al Tribunal Constitucional para dejar nula la resolución que ordena la reposición; mientras que, el juez Juan Torres Tasso reinició el trámite para que sea reincorporada en un plazo máximo de dos días, debido a un error en el proceso de notificación.
Mientras que la citada fiscal está a la espera de regresar al Ministerio Público, el Congreso continúa con su trámite para inhabilitarla de la función pública por 10 años.