Declaran improcedente solicitud de defensa legal de Dina Boluarte en investigación por enriquecimiento ilícito
La expresidenta Dina Boluarte sufrió un nuevo revés en el proceso que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. Este miércoles 18 de febrero, la Subsecretaría General de la Presidencia de la República declaró improcedente su solicitud de defensa y asesoría legal al amparo de la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057).
Boluarte, quien había pedido acogerse a este beneficio en calidad de exmandataria, argumentaba que la investigación abierta contra ella por la Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, debía contar con el respaldo institucional del Estado por el cargo que ostentaba hasta hace unos meses.
Sin embargo, la resolución oficial (N.° 000015-2026-DP/SSG) precisó que el pedido de la exjefa de Estado no correspondía, ya que el caso se encuentra en etapa de diligencias preliminares y no está directamente vinculado al ejercicio de funciones administrativas bajo dicho régimen.
Enriquecimiento y el 'Rolexgate'
La investigación contra Boluarte se originó en 2024 con el denominado "caso Rolex", tras revelarse una colección de relojes de lujo no declarados. En mayo de 2025, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional por presunto incremento "ilegal e injustificado" de su patrimonio durante sus periodos como presidenta y como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
En septiembre de 2024, el Poder Judicial ya había rechazado un pedido de su defensa para cerrar la investigación, permitiendo que las diligencias continuarán. Posteriormente, en enero de 2025, la Fiscalía amplió el caso al declararlo complejo, prolongando las pesquisas por ocho meses.
La improcedencia de su solicitud de defensa legal llega en un momento de alta tensión política, marcado por la reciente censura de José Jerí y la incertidumbre sobre la sucesión presidencial. Aunque Boluarte ya no ocupa la jefatura del Estado, su proceso judicial mantiene vigencia y podría derivar en nuevas acciones constitucionales en el Congreso.
El rechazo a la solicitud de Boluarte refuerza la narrativa de que la investigación por enriquecimiento ilícito seguirá avanzando sin apoyo institucional. Para sus críticos, la decisión confirma que debe responder como ciudadana común ante la justicia; para sus aliados, se trataría de un trato desigual frente a otros exfuncionarios que sí han accedido a defensa legal.
El desenlace del caso será clave para definir el legado de Boluarte y su futuro político, en un país donde las denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito han marcado la salida de varios presidentes en las últimas décadas.