Fuerza Popular: Corte Suprema declara infundado el pedido de ilegalidad presentado por Delia Espinoza
La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró infundado el pedido de cancelación de la inscripción del partido político Fuerza Popular, el cual fuera presentado en septiembre último por la exfiscal de la nación, Delia Espinoza.
Como se recuerda, el 18 de septiembre último, la entonces titular del Ministerio Público presentó el requerimiento acusando de "conducta antidemocrática" a la organización que preside Keiko Fujimori. De esta manera, el partido queda totalmente habilitado para seguir participando en las elecciones generales del 2026.
Continúan en carrera política
De acuerdo con la resolución judicial, la solicitud planteada por la ahora inhabilitada fiscal suprema no fue admitido por la sala porque sus argumentos presentados no se ajustaban a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, por carecer de justificación constitucional.
El fallo menciona, que no se ha evidenciado que las organizaciones "La Resistencia", "Los Combatientes", "La Insurgencia" y "Los Patriotas" tengan vinculación directa con el partido político o con sus congresistas, con el objetivo de amedrentar a Espinoza Valenzuela o otras autoridades del sistema de justicia, tal como lo expuso en su petitorio.
"Lejos de salvaguardar el sistema democrático, la medida solicitada implicaría una afectación grave al pluralismo político y a derechos fundamentales tales como la participación política, la libertad de asociación política, el derecho a elegir y ser elegido, la libertad de expresión y de opinión, así como el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales", sentencia la resolución.
¿Qué sustento la suspendida fiscal suprema?
De acuerdo con la solicitud presentada por Delia Espinoza Valenzuela, Fuerza Popular vulneró el artículo 14 de la Ley Organizaciones Políticas (LOP) por "desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales".
En ese sentido, afirmó que promueve "atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada, así como la persecución a las mismas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión".
Además, de promover la "exclusión de congresistas" y señala "atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno", esto en referencia a la Ley N.º 32419, ley de amnistía en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Asimismo, denunció la "legitimación de la violencia como método para la construcción de objetivos políticos".
De esta manera, el partido político Fuerza Popular continúa en carrera en el actual proceso electoral, el cual tiene ya confirmada a su plancha presidencial conformada por Keiko Fujimori, Luis Galarreta (primer vicepresidente) y Miguel Torres (segundo vicepresidente).