Se pronunció
30/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 30/12/2025
Luz Pacheco, la presidenta del Tribunal Constitucional, se refirió a la decisión adoptada por el máximo intérprete de la Carta Magna de declarar infundadas las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público contra la Ley 32107, que establece la aplicación del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra se aplica a hechos ocurridos después de la entrad en vigor del Estatuto de Roma en Perú, es decir, desde julio del 2002.
Ley es constitucional
En entrevista con Correo, la titular del TC afirmó que la decisión tomada por la institución declara la constitucionalidad de la norma, basándose en el Código Procesal Constitucional que indica que al no haber admitido la demanda se declara válida.
"No estamos proponiendo la impunidad y tampoco la prescriptibilidad de los delitos de la humanidad. Eso es falso. Lo que la ponencia y la ley dicen es que son imprescriptibles, pero desde que el Estado peruano asumió un compromiso (internacional) que fue en el año 2002-2003. Todo lo que ocurrió antes se rige por el CPC, que tiene plazos de prescripción que van desde los veinte hasta los 45 años en algunos supuestos", indicó.
Asimismo, detalló que el Código Procesal Constitucional indica claramente que los jueces no "pueden dejar de aplicar una ley cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional".
Además, hizo hincapié en que tanto el TC como la Corte Suprema han solicitado al Congreso incorpora la figura de lesa humanidad y tipificarla.
Jueces inaplican fallos del TC
La presidenta del TC consideró alarmante que hayan casos de jueces que se resistan a aplicar los fallos de la institución, pues indicó que se está "quebrando el Estado de Derecho".
"Yo haría una invocación para que todos cumplamos con el método jurídico vigente y, si algo no nos parece correcto, empleemos los mecanismos para que esté claro si esa ley es constitucional o no", exhortó.
Para Pacheco, para que se regule el cumplimiento de las sentencias del TC se debe hacer una reforma constitucional, debido a que la institución no tiene facultad de revisión.
"No tenemos personal, recursos, medios, ni ninguna estructura legal que nos permita una supervisión de este estilo. Sí podemos, y es lo que venimos haciendo, decidir de quién es el derecho, poner el foco de luz de la opinión pública a algo que debe cumplirse, apoyar en lo que sea necesario. Pero ya es competencia de la sociedad civil y del Ejecutivo llevar a la práctica lo que se haya decidido", explicó.
La presidenta del Tribunal Constitucional, aclaró que la decisión respecto a la Ley de lesa humanidad afirma su constitucionalidad y exhortó a los jueces a aplicar esta norma y todos los fallos del TC, para garantizar el Estado de Derecho.
