Ley del fuero militar-policial: Presentan proyecto para derogar norma promulgada por Fernando Rospigliosi
El debate sobre los fueros especiales para policías y militares vuelve al centro de la agenda legislativa. Un parlamentario de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para derogar la norma que fortalecía el fuero militar-policial, aprobada pocos meses atrás con mayoría en el Parlamento y promulgada por el entonces presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi.
La propuesta busca restablecer la competencia de la justicia ordinaria en casos de delitos cometidos por efectivos en el ejercicio de sus funciones, argumentando que la norma vigente abre la puerta a la impunidad y contradice estándares internacionales de derechos humanos.
El proyecto de derogación
La iniciativa legislativa, presentada por César Holguín Loaiza en coautoría con otros cinco diputados de Ahora Nación, plantea que los procesos contra policías y militares por delitos cometidos durante el servicio vuelvan a ser conocidos por el Poder Judicial y no exclusivamente por tribunales militares-policiales.
Los autores del proyecto sostienen que la norma aprobada en el Congreso (Ley N° 32735) vulnera el principio de igualdad ante la ley y debilita la confianza ciudadana en la administración de justicia. Además, recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado reiteradamente el uso de fueros militares para juzgar violaciones de derechos humanos.
La polémica de la ley vigente
La norma que se busca derogar fue aprobada con 52 votos y modificó el Código Militar Policial y el Código Procesal Penal, estableciendo que los llamados "delitos de función" serían juzgados únicamente en el fuero militar-policial.
Entre sus disposiciones más comentadas figuraba el archivo automático de procesos en la justicia ordinaria si ya existía investigación en el fuero especial, así como sanciones más severas contra efectivos vinculados al crimen organizado, incluyendo la cadena perpetua en casos de homicidio.
Sin embargo, la amplitud con la que se definió el concepto de "delito de función" generó críticas. Legisladores advirtieron que podía incluir delitos comunes cometidos en servicio, lo que en la práctica significaba sustraerlos de la justicia ordinaria.
Organismos de derechos humanos ya alertaban que normas de esta naturaleza debilitan la rendición de cuentas y corren el riesgo de terminar favoreciendo la impunidad en casos de abusos policiales o militares.
El proyecto de derogación abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales. Mientras sus impulsores insisten en que la justicia ordinaria debe prevalecer para garantizar imparcialidad y transparencia, sectores conservadores del Congreso defienden la norma vigente como un mecanismo para proteger a quienes enfrentan al crimen organizado en condiciones extremas.
La decisión que tome el Parlamento será clave para definir si el país mantiene el fuero militar-policial reforzado o regresa al esquema tradicional de control judicial.