Ministro de Justicia: "Uno de los temas prioritarios de este gobierno de transición es el tema de la seguridad ciudadana"
A poco más de cumplir dos meses en el cargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, hizo un balance de los primeros logros y objetivos que tiene trazados en su cartera ministerial.
En una entrevista brindada a la Agencia Andina, el titular del MINJUSDH aseveró, que la estrategia del Poder Ejecutivo de combatir la criminalidad desde el interior de las cárceles está dando resultados positivos y que dejarán un "camino trazado" al próximo Gobierno cuando asuma funciones en julio del 2026.
Apuntan a la seguridad ciudadana
Consultado sobre el principal flagelo que atenta casi a diario a cientos de peruanos, como es la delincuencia y todos los delitos que trae consigo, el representante del Ejecutivo sostuvo que la lucha contra la inseguridad ciudadana es uno de los pilares de la admiración del presidente José Jerí.
"Uno de los temas prioritarios de este gobierno de transición es el tema de la seguridad ciudadana, y ello ha generado un compromiso de todas las entidades del Estado. Y el Ministerio de Justicia no es ajeno a ello. Nosotros, desde nuestras competencias, también colaboramos en la lucha contra la inseguridad y lo hacemos desde el sistema penitenciario y el Programa Nacional de Centros Juveniles, en el que trabajamos con adolescentes", mencionó.
En ese sentido, destacó que en 60 días al mando del ministerio han tenido "grandes avances", como, por ejemplo, el reordenamiento, en la reorganización del sistema penitenciario y el sistema de justicia juvenil.
Sobre una de sus principales entidades adscritas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), refirió que a la fecha han realizado un 20 % más de requisas en los 69 establecimientos penitenciarios que administran a lo largo del país, donde han hallado drogas, celulares, equipos eléctricos, sustancias y objetos prohibidos.
Propone endurecer sanciones reos de máxima peligrosidad
Por otro lado, se conoció que su cartera ha planteado una propuesta para modificar el Código de Ejecución Penal, con el objetivo de fortalecer el Régimen Cerrado Especial y reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios, como parte de la estrategia integral del Gobierno para combatir el crimen organizado.
En esa línea, propone impedir que personas condenadas por delitos graves accedan a beneficios penitenciarios o progresen a regímenes menos estrictos. De esta manera, apuntan a que las penas se cumplan con mayor rigor y a evitar que las cárceles se conviertan en centros de operación delictiva.
Asimismo, plantea establecer un control judicial específico sobre la redención de pena por educación y trabajo cuando esta sea utilizada para adelantar la excarcelación, asegurando que los mecanismos de rehabilitación no sean distorsionados ni utilizados como vías de impunidad.
Es así entonces, que el Ejecutivo, a través del MINJUSDH, sigue formulando estrategias para mitigar la criminalidad desde los cárceles de todo el país.