Defensa de Santiváñez sobre audios difundidos: "Es difícil hablar de autenticidad"
El caso del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, volvió al centro de la polémica tras la difusión de audios comprometedores. En los registros, se escucha al funcionario mencionar supuestos contactos en el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia, lo que ha generado cuestionamientos sobre su conducta cuando ya ejercía cargos en el Ejecutivo.
El abogado defensor, Carlos Caro, reconoció, en entrevista con Canal N, que no puede negar la autenticidad de los audios, aunque recalcó que estos no han sido entregados oficialmente por la Fiscalía ni cuentan con peritajes concluyentes. En ese sentido, subrayó que no forman parte de la acusación vigente.
"Es difícil hablar de autenticidad. Tampoco lo vamos a negar, pero no me hace falta", indicó
La defensa advierte que este material carece de cadena de custodia y de contexto definido, por lo que corresponde al Ministerio Público determinar su validez antes de que pueda adquirir relevancia penal.
Contrato por hábeas corpus, eje de la imputación
De acuerdo con la versión de Caro, la acusación fiscal contra Santiváñez se centra únicamente en un contrato de defensa legal firmado en enero de 2024, cuando todavía no ejercía la función pública. Dicho acuerdo se dio con la familia de Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El Diablo', expolicía sentenciado por organización criminal.
El letrado precisó que el contrato fue por la defensa en un hábeas corpus y no por gestiones para cambiar de penal o acceder a beneficios penitenciarios. Además, destacó que los pagos de 20 mil dólares fueron bancarizados y cuentan con respaldo documental.
Para la Fiscalía, los hechos se investigan bajo el tipo penal de tráfico de influencias, que requiere la existencia de un pago a cambio de ejercer presión ante una autoridad. Caro sostuvo que en este caso "no hay acuerdo alguno para gestionar beneficios penitenciarios".
Posibles ampliaciones y estrategia legal
El abogado también evitó confirmar si Santiváñez mantuvo contacto con la familia de Salirrosas tras asumir cargos públicos, al señalar que la defensa penal solo responde a hechos formalmente imputados.
En esa línea, advirtió que, si la Fiscalía decide ampliar los cargos o incluir nuevas conductas, su equipo legal está preparado para responder.
Respecto a las acusaciones sobre el uso de oficinas del Ministerio del Interior para reuniones con allegados de 'El Diablo', Caro consideró que esta práctica no configura delito.
Aun así, dejó abierta la posibilidad de enfrentar una eventual imputación por peculado de uso si el Ministerio Público lo determina.
El caso también involucra supuestas coordinaciones con el actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, cuando ambos integraban el Ejecutivo. No obstante, hasta el momento, la única imputación formal sigue siendo el contrato de enero de 2024.
Caro concluyó que la defensa no desconoce la investigación, pero exige que se delimite el alcance penal del proceso. Los audios, por ahora, no forman parte de esa carpeta fiscal contra Juan José Santiváñez.