Estados Unidos cancela visas a jueces y altos funcionarios de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador por corrupción
El gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente este lunes la cancelación de visas para un grupo de magistrados, altos funcionarios y empresarios procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.
Esta enérgica medida migratoria, ejecutada por el Departamento de Estado, recae sobre individuos directamente acusados de participar en actos de corrupción significativa, mantener vínculos con el narcotráfico y conspirar para desestabilizar a los gobiernos democráticos de sus respectivos países.
Medida del Escudo de las Américas
La restricción se enmarca dentro de los compromisos internacionales asumidos en la alianza continental del "Escudo de las Américas", iniciativa estratégica creada e impulsada por el presidente Donald Trump desde marzo de este año y en la que ahora Perú también forma parte.
Según el comunicado difundido por Washington, la política de la actual administración busca asegurar que "los funcionarios extranjeros corruptos ya no puedan entrar libremente" a su territorio. El documento diplomático advierte con severidad que "socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado".
Esta ofensiva sancionadora se materializa luego de que los líderes de la alianza acordaran acciones colectivas durante la reciente Asamblea General de la ONU.
Juez peruano también sancionado
En el caso específico del Perú, la sanción estadounidense señala directamente a Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima. El magistrado captó la atención pública nacional tras emitir un polémico fallo en primera instancia a favor de la empresa china Cosco Shipping Ports Chancay Perú.
En su resolución, Núñez ordenó al organismo regulador estatal Ositrán que se abstuviera de ejercer sus facultades de supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del estratégico megapuerto de Chancay.
Su argumentación se sostuvo en que, al ser una infraestructura con titularidad y financiamiento privados, no correspondía aplicarle el régimen de los puertos de uso público, limitando la intervención a la fijación de tarifas solo si Indecopi determinaba previamente una ausencia de competencia.
Funcionario Boliviano señalado por narcotráfico
El impacto de las revocaciones también sacude fuertemente a las instituciones de los países vecinos. El Departamento de Estado designó públicamente al Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, señalándolo de entorpecer los esfuerzos contra el narcoterrorismo, en una lista que incluye a magistrados como Israel Ramiro Campero y altos mandos policiales.
Por su parte, en Colombia, las medidas afectaron al empresario del sector energético Euclides Torres y a la senadora del Pacto Histórico, Martha Isabel Peralta. Finalmente, la embestida contra la corrupción alcanzó a Ecuador, donde el gobierno estadounidense sancionó a cuatro ciudadanos optando por mantener sus identidades en estricto anonimato.