Gobierno busca sancionar con mayor firmeza a adolescentes infractores de alta peligrosidad
El Poder Ejecutivo ha presentado ante el Congreso de la República una propuesta legislativa para establecer un régimen de responsabilidad penal diferenciado y de seguridad reforzada dirigido a adolescentes infractores de alta peligrosidad.
Clasificación por peligrosidad y separación en centros juveniles
La propuesta del Ejecutivo contempla la modificación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para introducir criterios estrictos de segmentación basados en la edad, la gravedad de la infracción cometida y la vinculación con bandas delictivas.
Esta estrategia busca cortar de raíz la convivencia entre internos con antecedentes de alta peligrosidad y aquellos jóvenes que cumplen medidas socioeducativas por faltas leves. Al evitar el contacto directo en los espacios comunes, se busca impedir que los centros de internamiento funcionen como escuelas de formación delictiva o espacios de reclutamiento.
Las cifras oficiales del Ministerio Público reflejan la urgencia de abordar esta problemática, registrando miles de intervenciones a menores en flagrancia durante los primeros meses del año. La alta incidencia de adolescentes involucrados en actos ilícitos exige una infraestructura institucional capaz de contener a los perfiles más complejos sin perjudicar los procesos de recuperación del resto de la población juvenil.
Mecanismos de rehabilitación, reinserción y seguimiento posterior
A la par de las medidas de control y seguridad reforzada, el proyecto del Gobierno plantea potenciar la rehabilitación social mediante la aplicación obligatoria del Plan de Tratamiento Individual. Este instrumento técnico adaptará las intervenciones a las necesidades psicológicas, educativas, familiares y sociales de cada menor, buscando abordar los factores de riesgo que motivaron su conducta infractora.
Asimismo, la iniciativa contempla el fortalecimiento de los programas sociolaborales y un esquema de acompañamiento posterior al egreso de los centros juveniles. Con esta asistencia continua, el Estado busca facilitar el acceso de los jóvenes a servicios de salud, educación y oportunidades de empleo formal, reduciendo drásticamente las tasas de reincidencia delictiva.
Desde la Presidencia del Consejo de Ministros se enfatizó que la finalidad central de la reforma es devolver a los centros juveniles su rol rehabilitador original. Al neutralizar la interferencia de las bandas criminales en el sistema de reinserción, la administración estatal busca proteger a los menores vulnerables y brindarles herramientas efectivas para su reintegración a la sociedad.
En ese sentido, el Gobierno espera obtener el respaldo del Parlamento para adecuar el marco normativo actual, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a las redes criminales que instrumentalizan a los adolescentes y garantizar la seguridad pública a nivel nacional.