INPE dispone cierre definitivo de 141 COMERCIOS que funcionaban en establecimientos penales
A través del INPE, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) dispuso el cierre definitivo de 141 comercios que operaban en diversos penales del país debido a diversos incumplimientos normativos, con el fin de reforzar la seguridad penitenciaria y control efectivo.
Más de 100 economatos de penales serán clausurados
Mediante la Resolución Presidencial N.º 523-2025-INPE/P, el Instituto Nacional Penitenciario oficializó esta desactivación de más de 100 economatos ubicados al interior de los penales, donde los internos podían comprar productos básicos como alimentos y artículos de higiene personal.
La radical decisión está dictada de acuerdo a las acciones dispuestas en el marco del estado de emergencia vigente, y tiene como finalidad restablecer el orden, la legalidad y el principio de autoridad en los centros de reclusión.
Para ello, el INPE y el Minjusdh han otorgado un plazo máximo de cinco días calendario para que los responsables retiren los bienes y enseres no autorizados. Serán 141 economatos los que se clausurarán de forma definitiva del total de 206 autorizados por el Consejo Técnico Penitenciario.
Los comercios seleccionados han sido obligados a cerrar por no cumplir con los debidos pagos por la habilitación de los espacios asignados ni con los servicios básicos de energía eléctrica y agua.
Dentro de los penales, los economatos constituyen una actividad económica de carácter comercial, los cuales están permitidos siempre que alineen a la normativa vigente y a cumplan con el Reglamento General de Seguridad del INPE.
A partir del informe de la Subdirección de Trabajo y Comercialización, la decisión del Ejecutivo se sustenta en la evaluación técnica de la Dirección de Tratamiento Penitenciario.
El documento fue revisado por la Oficina de Asesoría Jurídica y se concluyó que el cierre de estos 141 economatos resulta necesario por razones de seguridad penitenciaria y control institucional.
Cierre cumple con medida de estado de emergencia
Además, esta medida cumple la disposición del gobierno de José Jerí en el marco del estado de emergencia dictado en Lima y Callao, el cual fue ampliado por 30 días más a partir del 21 de diciembre.
Durante la vigencia de dicha norma, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determine las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) dispuso el cierre definitivo de estos economatos por incumplimiento normativo, con el fin de restablecer el orden y seguridad penitenciaria.