MINEM advierte riesgos en dictamen que modifica normativa sobre minería a pequeña escala
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) expresó su preocupación por el proyecto de dictamen que propone modificar el marco normativo vigente para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Según el comunicado oficial, la propuesta legislativa presenta disposiciones que podrían contradecir leyes vigentes, debilitar la fiscalización ambiental y poner en riesgo derechos constitucionales.
¿Quién fiscaliza actualmente y qué plantea el nuevo dictamen?
De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la fiscalización ambiental de la minería artesanal y de pequeña escala formal está a cargo de los Gobiernos Regionales. No obstante, el predictamen sugiere retirarles esta responsabilidad, lo que, según el MINEM, contradice la normativa vigente y debilita el control ambiental en el sector.
Asimismo, el comunicado recuerda que el proceso de formalización minera, regulado por el Decreto Legislativo N.° 1293 y el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), culmina el 31 de diciembre de 2025. Para el ministerio, cualquier cambio normativo que implique un nuevo régimen debe evitar vacíos legales que podrían favorecer la minería ilegal y socavar los avances logrados en la formalización.
¿Qué riesgos conlleva la propuesta sobre servidumbre minera?
El dictamen propone un nuevo procedimiento para el otorgamiento de servidumbre minera que, según el MINEM, podría vulnerar los derechos de los titulares de concesiones al obligarlos a ceder parte de sus derechos a terceros.
Esta medida afectaría el derecho de propiedad protegido por el artículo 70 de la Constitución y podría interpretarse como una expropiación indirecta sin garantías, generando posibles demandas e indemnizaciones contra el Estado. En el caso de la minería aluvial, la propuesta se contrapone al Decreto Legislativo N.° 1100, que prohíbe el uso de dragas y equipos similares en cuerpos de agua.
Esta disposición fue ratificada por el Tribunal Constitucional con el objetivo de prevenir daños graves e irreversibles en los ecosistemas acuáticos. Para el MINEM, cualquier modificación relacionada con esta modalidad debe debatirse de forma amplia, con base técnica y evidencia científica.
Finalmente, el ministerio cuestiona la disposición que exime de responsabilidad penal a los mineros en proceso de formalización. Según el Tribunal Constitucional, no es posible exonerar penalmente por delitos ambientales, ni siquiera de forma transitoria, por lo que la Cuarta Disposición Complementaria Final del dictamen sería inviable.
El MINEM reitera su compromiso con una minería responsable y sostenible, que respete el marco constitucional y garantice la protección del medio ambiente. Para la institución, toda reforma normativa en el sector debe construirse sobre la base de consensos técnicos, legales y sociales, asegurando la continuidad de los procesos de formalización y evitando retrocesos en la fiscalización y en la defensa de los derechos fundamentales.