Organizaciones civiles y ciudadanía exigen medidas urgentes contra la violencia sexual que sufren niñas y adolescentes Awajún y Wampis
Diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanía han unido sus voces en un firme llamado a la acción dirigido a la Presidencia de la República, así como a las nuevas autoridades electas del Ejecutivo y del Congreso. A través de una carta abierta, exigen una política pública urgente, articulada y con presupuesto asignado para frenar la grave crisis de violencia, desprotección e impunidad que impacta a las niñas, adolescentes y mujeres de las comunidades awajún y wampís en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.
El documento señala de manera enfática que la situación actual no responde a una emergencia circunstancial, sino a problemas estructurales históricos: la ineficacia de los servicios públicos, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a la justicia y la ausencia de pertinencia intercultural, dinámicas que se ven gravemente agravadas por economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.
Tres medidas urgentes para transformar el territorio
Para garantizar que el Estado gobierne desde y junto al territorio, la ciudadanía y las organizaciones impulsoras plantean tres ejes prioritarios e impostergables:
1.Atención integral e intercultural de la salud:
Implementación prioritaria de estrategias en salud mental comunitaria, prevención del embarazo adolescente y atención del VIH con traductores en lenguas awajún y wampís. Se exige el despliegue de brigadas fluviales para el traslado oportuno y la atención integral de víctimas de violencia sexual.
2.Educación segura y alternativas a las residencias estudiantiles:
Revisar el modelo actual de residencias estudiantiles —que en muchos casos expone a las alumnas a mayor vulnerabilidad— para migrar hacia un sistema territorial alternativo que garantice la educación sin separar a las y los adolescentes de sus familias. Esto incluye transporte fluvial seguro, fortalecimiento de escuelas locales y mecanismos comunitarios de alerta frente a abusos.
3.Reconocimiento e integración de las defensoras comunitarias:
Formalizar y proteger el rol clave de las defensoras indígenas, creando un registro territorial y protocolos obligatorios de articulación con los sectores Salud, Educación y Justicia, garantizando su labor sin trasladarles responsabilidades exclusivas del Estado.
Una ruta inmediata de cambio: 30 días para actuar
La misiva establece un plazo claro para las autoridades: se solicita la convocatoria a una reunión pública de alto nivel en Condorcanqui dentro de los próximos 30 días, con capacidad de decisión real.
Además, allí participarían organizaciones como el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), COMUAWUY, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y representante de las organizaciones impulsoras.
Asimismo, se exige formalmente que el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 garantice los recursos necesarios para sostener estas medidas en el tiempo, acompañado de sanciones ejemplares —incluyendo la expulsión y retiro definitivo del servicio— para el personal de salud, educación o de las guarniciones militares responsable de abusos sexuales.
"Las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir sin violencia, permanecer junto a sus familias, estudiar con seguridad, acceder a servicios de salud y ser escuchadas en su propia lengua. El silencio y la demora también producen impunidad. Es momento de actuar", demanda el llamado.
Las organizaciones firmantes reafirmaron su compromiso de respaldar el liderazgo territorial de los pueblos awajún y wampís, manteniendo un seguimiento constante para asegurar que las decisiones estatales se traduzcan en garantías reales para la vida y dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres en la Amazonía peruana. Esta amplia adhesión demuestra que, cuando se trata de causas comunes como la defensa de la niñez y la adolescencia, la unión ciudadana se convierte en una fuerza capaz de generar cambios reales.
Es así que, a través de una carta pública dirigida a la Presidenta de la República y autoridadesOrganizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanía se han unido para exigir medidas urgentes contra la violencia de la cual son víctimas niñas y adolescentes Awajún y Wampis, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.