Osinergmin rechaza ampliación de plazo solicitada por TGP para sustentar "fuerza mayor" en crisis del gas
La crisis del gas natural que golpeó a Lima, Callao e Ica tras la rotura del ducto de Camisea sigue generando tensiones entre el concesionario y el regulador. En las últimas horas, Osinergmin rechazó el pedido de ampliación de plazo presentado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) para sustentar que el incidente se trató de un evento de fuerza mayor.
Los argumentos del regulador
El organismo supervisor recordó que el contrato de concesión establece un plazo de 15 días hábiles para presentar el informe técnico que sustente la figura de fuerza mayor. Una prórroga solo puede concederse si se acreditan condiciones excepcionales, como desastres naturales o daños ocasionados por terceros, imprevisibles e irresistibles.
En este caso, TGP no logró demostrar esas condiciones, por lo que la ampliación fue denegada. Osinergmin precisó que la investigación técnica sobre el evento del 1 de marzo continúa y que, de encontrarse incumplimientos, se iniciarán los procedimientos sancionadores correspondientes.
La decisión coloca a TGP en una posición más vulnerable frente a posibles sanciones y demandas de usuarios afectados por el desabastecimiento de gas natural y GLP. Al no conceder más tiempo, Osinergmin envía un mensaje de firmeza institucional, evitando que el concesionario se ampare en interpretaciones laxas de la normativa.
"Eso no lo pueden decir"
Días antes, el periodista Paolo Benza, en diálogo con Exitosa, ya había advertido que lo más probable era que TGP intentara liberarse de responsabilidad alegando fuerza mayor y atribuyendo la emergencia a un tercerizado en el mantenimiento.
"Eso no lo pueden decir. Echarle la culpa a un tercerizado, no lo pueden hacer. Lo que hay en el contrato de concesión, en la cláusula 17.2, que ve las circunstancias de fuerza mayor, es que sí se considera ello cuando es una explosión, y van a intentar interpretarlo como tal", señaló Benza.
Su advertencia cobra relevancia ahora que Osinergmin ha cerrado la puerta a la ampliación, reforzando la idea de que el regulador no permitirá interpretaciones que busquen deslindar responsabilidades sin pruebas sólidas.
La negativa de Osinergmin responde también a la presión pública y política. En medio de una crisis energética que afectó a miles de usuarios, la ciudadanía exige claridad y responsabilidades. La postura del regulador busca equilibrar la necesidad de una investigación técnica con la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
El caso se convierte en un ejemplo de cómo el Estado buscaría garantizar responsabilidad en la gestión de infraestructura crítica. La investigación en curso será decisiva para determinar si la rotura del gasoducto fue un hecho imprevisible o un incumplimiento que amerite sanciones.