UNICEF y ONU pide al Perú derogar ley que permite juzgar penalmente a adolescentes
UNICEF, junto a otras dos agencias de las Naciones Unidas, emitió un comunicado conjunto en el que solicitan al Estado peruano derogar la ley que permite juzgar penalmente a adolescentes de entre 16 y 17 años como si fueran adultos. La norma, según las agencias, es considerada ineficaz, peligrosa y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
El comunicado sostiene que solo el 2% de los delitos en el Perú son cometidos por adolescentes, mientras que el 98% corresponde a adultos. Por ello, aseguran que centrar los esfuerzos punitivos en los jóvenes no tendrá un impacto significativo en la mejora de la seguridad ciudadana.
Además, alertan que aplicar penas de cárcel a los menores y recluirlos junto a personas adultas puede generar consecuencias negativas, como el aumento de la reincidencia delictiva.
El entorno carcelario adulto expone a los adolescentes a influencias negativas y a situaciones que afectan su desarrollo emocional y físico, reduciendo así sus posibilidades de reintegrarse positivamente en la sociedad.
¿Qué alternativas propone la ONU al sistema actual?
Las agencias de la ONU no se limitan a cuestionar la legislación peruana, sino que proponen una serie de medidas para mejorar el sistema de justicia penal juvenil.
Entre ellas destacan la necesidad de crear leyes específicas y tribunales especializados que tomen en cuenta la edad y el grado de desarrollo de los adolescentes.
Asimismo, sugieren asignar mayores recursos a programas de prevención del delito, rehabilitación e inserción social. Estas estrategias, aseguran, han demostrado ser más efectivas en otros países para reducir la criminalidad juvenil y ofrecer segundas oportunidades a quienes cometen infracciones en su etapa de desarrollo.
En su pronunciamiento, las agencias recordaron que el Perú ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado que prohíbe expresamente tratar a menores como adultos dentro del sistema penal.
Por ello, remarcan que mantener esta ley significaría un retroceso en el compromiso del país con los estándares internacionales de protección infantil.
¿Qué acciones sugiere la ONU al Estado peruano?
La ONU ha instado a los tres poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial a reconsiderar la norma y evaluar su derogación. También han planteado que, si no se logra su anulación por vía legislativa, el Tribunal Constitucional podría analizar su validez mediante una demanda de inconstitucionalidad.
Las agencias manifestaron su disposición a brindar apoyo técnico al Gobierno para elaborar políticas públicas más eficaces y respetuosas de los derechos humanos, especialmente enfocadas en los adolescentes en conflicto con la ley.
La ley que permite juzgar penalmente a menores en el Perú continúa generando controversia. Mientras organizaciones internacionales observan su aplicación y consecuencias, el Estado tiene la oportunidad de revisar su enfoque hacia los adolescentes.