ONPE responde al informe de Contraloría que apunta sobre Piero Corvetto y otros 9 funcionarios
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado oficial luego de que la Contraloría General de la República encontrara presunta responsabilidad penal y/o administrativa en Piero Corvetto, exjefe de la institución, y otros nueve funcionarios.
El hallazgo se relaciona con irregularidades en el traslado de material electoral durante la primera vuelta de las elecciones generales 2026 en Lima y Callao.
El informe recibido
El documento, denominado Informe de Control Específico n.º 85362026-CG/JUSPE-SCE, fue entregado a la ONPE el lunes 25 de mayo. Consta de 6,578 hojas organizadas en 14 tomos, y detalla las observaciones sobre el proceso de contratación del servicio de transporte y distribución de material y equipos informáticos electorales.
La Contraloría concluyó que las decisiones tomadas afectaron la instalación de 187 mesas de sufragio, lo que impidió votar a más de 55,000 ciudadanos en Lima Metropolitana.
La respuesta institucional
La Gerencia General de la ONPE informó que ha encargado a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicitar a Corvetto y a los demás funcionarios implicados el deslinde de sus responsabilidades. La entidad subrayó que este proceso se realizará dentro del marco legal y normativo, con el objetivo de garantizar transparencia y credibilidad institucional.
Entre las irregularidades señaladas en la investigación de la Contraloría figuran la adjudicación de la buena pro a un postor con una oferta más cara, el uso de vehículos de terceros en lugar de los propios exigidos y la aprobación de pagos adicionales sin sustento, que incrementaron los costos del servicio en más de S/ 650,000.
Todas estas decisiones derivaron, según se señala, en retrasos y reprogramaciones que afectaron directamente el derecho al voto de miles de electores en la capital.
Disposición al control
En su comunicado, la ONPE ratificó su disposición a colaborar con las instancias de control y a garantizar que los procedimientos disciplinarios se realicen conforme a la normativa vigente. La institución destacó que el deslinde de responsabilidades será clave para determinar las acciones administrativas y legales que correspondan.
La mención directa a Piero Corvetto en el informe de la Contraloría convierte este caso en un punto de alto impacto político e institucional. Mientras se espera que la Procuraduría de Delitos de Corrupción de Funcionarios evalúe posibles acciones penales, la ONPE intenta mostrar apertura y transparencia frente a las acusaciones.
El desenlace de este proceso será determinante para la credibilidad de la entidad electoral en medio de un proceso ya cuestionado por la ciudadanía.