Agentes dopados sufrieron el robo de sus armas: comisario les habría pedido S/2.000 para recuperarlas
Dos suboficiales de la Comisaría PNP Orcotuna denunciaron que fueron dopados y despojados de sus armas en 2023 y que, posteriormente, su entonces comisario les habría pedido S/2.000 para recuperarlas. El caso es investigado por la Fiscalía de Junín.
Dopaje, robo de armamento estatal y la presunta exigencia de dinero
Las investigaciones señalan que la noche del 30 de junio de 2023, mientras los suboficiales Percy Vertoni Salvador Lázaro y Yuber Nilson Sánchez Ponce prestaban servicio en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco, dos mujeres se acercaron con el pretexto de interponer una denuncia.
En esas circunstancias, les ofrecieron una bebida que contenía benzodiazepina sin que ellos lo supieran. Al quedar sedados, les sustrajeron una pistola Pietro Beretta y una pistola SIG Sauer. Tras ser ubicados al día siguiente y quedar detenidos por la pérdida del armamento, el entonces capitán T.P.M.R. los citó a su despacho. De acuerdo con los actuados fiscales, el mando policial les solicitó S/2.000 para pagar a un supuestos informante que ubicaría el material bélico.
Como los agentes no contaban con los fondos, la secretaria de la comisaría, E.G.V.R., les prestó la suma, la cual fue devuelta posteriormente mediante cuatro depósitos bancarios de S/500 tras el hallazgo de las pistolas en un cementerio de El Tambo.
Frente a estos hechos, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín formalizó investigación preparatoria contra el ahora mayor PNP y la exsecretaria por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
Complejidad del proceso, peritajes a celulares y falta de cámaras
El órgano fiscal ha calificado las pesquisas de "especial complejidad", por lo que dispuso un plazo de 240 días para llevar a cabo la recolección de pruebas y tomar las declaraciones de los involucrados.
Entre las diligencias programadas se encuentra el análisis riguroso de las conversaciones de WhatsApp presentadas como evidencia de la transacción y de las coordinaciones para la entrega del dinero.
Para cumplir con dicha diligencia, la fiscalía requirió que los suboficiales entreguen sus dispositivos móviles originales para la extracción de información. Asimismo, se cursó documentación a la Región Policial Junín y a la Divincri Huancayo a fin de transparentar la situación laboral de los denunciantes y esclarecer los procedimientos institucionales referidos al uso de informantes en operativos de inteligencia.
Sin embargo, las autoridades enfrentan una limitación técnica clave detectada durante las primeras diligencias en el lugar de los hechos. La inspección técnico-policial realizada en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco confirmó la ausencia de cámaras de videovigilancia, lo que impide contar con un registro audiovisual directo del momento exacto en que las sospechosas ingresaron para dopar a los custodios del orden.
En ese sentido, los agentes esperan que las pericias tecnológicas a las cuentas bancarias y los peritajes a las comunicaciones permitan esclarecer la responsabilidad de los investigados y determinar si existió una red de extorsión interna dentro de la dependencia policial.