Delia Espinoza presentó demanda de amparo contra el Congreso por vulnerar su derecho al debido proceso
Este lunes 22 de diciembre la fiscal suprema Delia Espinoza presentó una demanda de amparo en contra del Congreso de la República. La magistrada acusa al Legislativo de vulnerar su derecho al debido proceso, tras la inhabilitación de 10 años que recibió para ejercer cargos públicos por incumplir el artículo único de la Ley N° 32130.
Congreso no procedió acorde a la ley
Ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la exfiscal de la Nación presentó su petición contra el segundo poder del Estado. Argumenta que no se respetaron artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú y del Código Procesal Constitucional.
"Sobre el particular el Congreso de la República, en el proceso parlamentario de la Denuncia Constitucional N° 528, vulneró mi derecho fundamental al debido proceso. Ello se ha expresado concretamente en la afectación de las siguientes manifestaciones esenciales del debido proceso", indica la demanda de Espinoza Valenzuela.
Según la defensa de la magistrada, los derechos que el Parlamento infringió son a la debida motivación de las decisión, a un proceso imparcial, a la defensa y a la igualdad y a la no discriminación.
En declaraciones para un medio arequipeño, la fiscal suprema aseguró que la inhabilitación que recibió forma parte de una represalia en su contra. "Todo magistrado debe mantener una distancia prudente porque eso de desarrollar relaciones, vínculos, contacto, cercanía no es ético... Por eso no me perdonan", aseguró.
Inhabilitación de Delia Espinoza
Con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, el Congreso inhabilitó por una década a Espinoza Valenzuela para ejercer funciones públicas. Se le atribuyó incumplir el artículo único de la Ley N° 32130, norma que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú en las investigaciones preliminares.
En octubre del 2024 tres parlamentarios presentaron una denuncia contra varios fiscales supremos por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones, además de infracciones contra la constitución. La investigación determinó que la resolución firmada por ella contravenía la Ley N.° 32130.
Acusando al Congreso de vulnerar su derecho al debido proceso, la fiscal suprema suspendida Delia Espinoza presentó una demanda de amparo. La magistrada alega que se respetaron artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú y del Código Procesal Constitucional.