Juntos por el Perú denuncia a Balcázar, Keiko, jefes de ONPE y JNE, Piero Corvetto y canciller por presuntos actos contra el sufragio
Un personero del partido político Juntos por Perú ha tomado una contundente medida legal que remece las estructuras del Estado. Pablo Salas Charca, en su calidad de personero legal alterno de la referida organización por la región Arequipa, formalizó una denuncia penal ante el Despacho del Señor Fiscal de la Nación, apuntando hacia las más altas esferas del poder político, diplomático y del sistema electoral peruano.
El documento judicializado detalla que la acción se promueve explícitamente como una "Formula denuncia penal contra altos funcionarios por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, atentados contra el derecho de sufragio, perturbación o impedimento de proceso electoral"
Autoridades y políticos denunciados
La denuncia delimita con precisión las responsabilidades penales atribuidas. "Acudo a su digno Despacho con el firme propósito de interponer denuncia penal formal a fin de que se disponga el inicio inmediato de una investigación preliminar contra los siguientes altos funcionarios públicos aforados y terceros partícipes" indica el documento.
Entre ellos figura en primer término José María Balcázar, señalado en su condición de Presidente Constitucional de la República, como presunto autor por omisión impropia e infracción de deber.
Asimismo, la denuncia penal comprende a Carlos José Pareja Ríos, en su condición de Ministro de Relaciones Exteriores, como presunto coautor ejecutivo e infractor de deberes específicos de la función diplomática, y alcanza directamente a las cabezas del sistema de votación y fiscalización del país.
El quiebre del sistema electoral
La acusación expone una severa crisis en los organismos autónomos. El recurso incorpora a Piero Alessandro Corvetto Salinas, en su condición de ex-Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como presunto autor directo de fraude tecnológico y a Bernardo Juan Pachas Serrano, en su condición de Jefe Interino actual de la ONPE, a efectos de su vinculación de aseguramiento probatorio y lo que resulte de la investigación.
Del mismo modo, incluye al actual titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, en su condición de Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por presunta omisión de funciones en el control de riesgos advertidos.
Finalmente, se señala a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, en calidad de presunta instigadora y beneficiaria directa de la estructura instrumentalizada, uniendo la acción a todos los funcionarios diplomáticos, cónsules, miembros del sistema electoral y terceros implicados en los presuntos actos ilícitos.
La presentación de esta denuncia penal marca preocupación por la estabilidad institucional. Al comprometer de forma simultánea al Ejecutivo, la Cancillería, la ONPE, el JNE y liderazgos de la oposición, el panorama revela una desconfianza crítica y transversal en la legitimidad de los procesos democráticos.
La determinación de la Fiscalía de la Nación para canalizar este caso será decisiva; solo mediante una rigurosa, transparente y técnica indagación judicial se podrá esclarecer si existió una maquinaria delictiva orientada a subvertir la voluntad popular o si nos encontramos ante una severa agudización de la instrumentalización jurídica en el debate político nacional.