Militares implicados en el asesinato de cinco jóvenes en Huancavelica fueron puestos en libertad tras vencerse detención
Tras el vencimiento del plazo de flagrancia, los ocho militares involucrados en el trágico operativo en Colcabamba recuperaron su libertad inmediata. La ausencia de un pedido de detención preventiva por parte del Ministerio Público permitió que los investigados por homicidio calificado dejen la sede policial.
Falta de requerimiento fiscal y denuncia administrativa
Según Ojo Público, el abogado Anthony Crespo, representante legal de los deudos, manifestó su rechazo ante la falta de celeridad procesal de la fiscalía. Para el defensor, la fiscal Zina Romero no tramitó las medidas necesarias para asegurar la presencia de los implicados tras las muertes.
Debido a esta situación, la defensa de las víctimas confirmó que presentará una queja formal ante el órgano de control interno. Se cuestiona que, pese a la gravedad de los presuntos asesinatos cometidos durante la intervención, no se garantizó judicialmente la continuidad del arresto.
La investigación preliminar del Ministerio Público señala directamente al personal del Ejército compuesto por el Capitán Montenegro, Fernández, Villacorta y otros agentes. El cargo de homicidio calificado implica una pena severa, sin embargo, la falta de una estrategia fiscal sólida permitió que todos afronten el proceso libres.
Crespo enfatizó que existen contradicciones graves entre los testimonios de los comuneros locales y la versión ofrecida por los militares. Mientras la población civil denuncia un uso desproporcionado de la fuerza, las autoridades fiscales de Tayacaja parecen haber actuado con una pasividad que indigna.
Respuesta oficial del Comando Conjunto y la Policía
Mediante el comunicado N°001-2026-CCFFAA-PNP, las fuerzas del orden informaron que la intervención fue planeada con la Dirección Nacional Antidrogas. Según el documento, la Brigada de Infantería del Ejército actuó bajo el marco legal de la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas.
El pronunciamiento oficial ratifica que el personal militar refiere haber actuado bajo la figura de la legítima defensa ante riesgos. Asimismo, las instituciones aseguraron que brindarán todas las facilidades al Ministerio Público para garantizar la transparencia y el esclarecimiento objetivo de los hechos investigados.
El comunicado conjunto también subraya que la actuación militar se ejecutó basándose en información de inteligencia previa de la policía. Las fuerzas armadas sostienen que existen evidencias materiales y documentales en la cadena de custodia que vinculan el incidente directamente con el narcotráfico regional.
Las autoridades enfatizaron que toda intervención se enmarca en protocolos orientados a neutralizar amenazas dentro del respeto a los derechos. La investigación por homicidio calificado deberá determinar si realmente se respetaron los derechos humanos durante este operativo realizado por el personal del Ejército nacional.