Colombia: gobierno de Abelardo de la Espriella desata polémica por el retiro de obras en el Museo Nacional
La decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de ordenar el retiro de al menos 30 obras y objetos del Museo Nacional de Colombia ha desencadenado una fuerte tormenta política y cultural en el país.
La medida, impulsada a través del Ministerio de Cultura liderado por Paola Holguín, se enmarca en lo que la administración ha definido como una "contrarrevolución cultural" destinada a frenar el uso de los espacios estatales como instrumentos de adoctrinamiento político.
¿Qué se retiró y por qué?
Entre los elementos desmontados de las salas de exposición se encuentran afiches de las campañas presidenciales de figuras como Carlos Pizarro —excomandante de la antigua guerrilla M-19 y asesinado cuando aspiraba a la presidencia—, y Bernardo Jaramillo Ossa, expresiones de movimientos feministas, reivindicaciones de la comunidad LGBTIQ+ y memorias asociadas a las víctimas del conflicto armado interno.
Mientras que sectores afines al Ejecutivo, como el exfiscal Francisco Barbosa, han respaldado la acción calificando la curaduría anterior como una "vergüenza" que intentó exaltar a exguerrilleros, la medida desató el inmediato rechazo frontal de diversos colectivos políticos y sociales.
Museos de arte moderno se pronuncian
Pero el descontento no quedó solo allí. Ante este escenario de confrontación, los principales centros culturales de la nación reaccionaron con un pronunciamiento conjunto.
La declaración fue firmada por el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Rayo de Roldanillo y el Museo de Arte Moderno del Tolima.
En el documento, las instituciones manifestaron su profunda preocupación por el retiro de piezas bajo motivaciones ideológicas, recordando que la labor fundamental de un museo es reflejar la complejidad de la historia nacional en toda su magnitud:
"Un museo tiene la responsabilidad de permitirnos conocer la complejidad de nuestra historia, incluso aquello que nos incomoda, nos enfrenta o nos cuesta reconocer."
Los museos firmantes enfatizaron que la memoria social es fragmentaria por naturaleza y se edifica a partir de vivencias múltiples, desacuerdos y silencios. En esa línea, advirtieron que ocultar expresiones de la mirada pública empobrece la capacidad colectiva de comprensión histórica, señalando de manera directa los límites de la injerencia estatal
"Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás."
Hacia el cierre del pronunciamiento, las instituciones culturales exigieron formalmente a la ministra de Cultura que garantice la autonomía profesional de los espacios museísticos y promueva un proceso de revisión pública sustentado en criterios técnicos
Esto último, subrayaron, debe incluir la participación activa de los equipos curatoriales y de las propias comunidades cuyas identidades e historias están representadas en las piezas retiradas, dejando abierto un pulso crucial sobre el manejo de la memoria histórica en el país.