Betssy Chávez: Congreso reprograma votación sobre denuncia constitucional contra expremier para el 1 de octubre
El Consejo Directivo del Congreso reprogramó el debate y votación, en el Pleno, de tres informes finales de denuncias constitucionales presentadas contra la ex primera ministra, Betssy Chávez Chino; el extitular de Trabajo, Luis Adrianzén Ojeda; y el juez supremo, Jorge Salas Arenas.
En ese sentido, la representación nacional abordará los respectivos casos en su sesión plenaria del próximo miércoles 1 de octubre, en el marco del artículo 89 del reglamento de este poder del Estado.
Caso de la ex primera ministra
Desde las 3:00 p. m., el Pleno analizará el informe final de la Denuncia Constitucional N.° 355, interpuesta por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, contra Betssy Chávez Chino, en su condición de excongresista de la república y exministra.
De acuerdo con el informe de la Comisión Permanente del Congreso, a la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros se le acusa la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (artículo 399 del Código Penal) y tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal).
A Chávez Chino se le imputa ser responsable de la contratación de Antonio Sotelo Calderón, con quien habría tenido una relación sentimental cuando era ministra de Cultura y él, jefe zonal del Organismo de Formalización de la Propiedad (COFOPRI) en Tacna y de Flor de María Sotelo Villa, como personal auxiliar de su despacho parlamentario.
De aprobarse el informe acusatorio, el Congreso de la República procedería a levantarle el antejuicio político por ambas denuncias, esto a solicitud de la Fiscalía de la Nación.
Otras denuncias a debatir
Del mismo modo, el Pleno abordará dos horas después, el informe de la Denuncia Constitucional N.° 469, interpuesta por el exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena Campana, contra Jorge Luis Salas Arenas, en su condición de juez penal supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por ser presunto responsable del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, o aprovechamiento indebido del cargo.
El también expresidente del Jurado Nacional de Elecciones es acusado de haber favorecido en la contratación de Pavel Vladimir Cárdenas Peña, exsecretario del entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo. Por este hecho, se le acusa de infringir el artículo 399 del Código Penal.
Además, a partir de las 7:00 p. m., el Congreso evaluará el informe final de las denuncias constitucionales 395 y 406 (acumuladas), presentadas por el congresista Juan Burgos Oliveros y la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, también por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
El exministro es investigado por un informe de la Contraloría General de la República, el cual concluyó como "irregular", el pago de S/ 41 520 000 efectuado por EsSalud a la empresa Aionia, desembolso que se realizó en febrero de 2023.
Según la CGR, la empresa en mención fue contratada en 2020 para la adquisición de un millón de pruebas rápidas para la detección de COVID-19, pero incumplió los plazos de entrega estipulados en el contrato, esta figura activó una penalidad por trasgredir el acuerdo. Al entonces ministro de Trabajo se le acusa de haber favorecido el levantamiento de la penalidad, en complicidad con el aquel titular del Seguro Social de Salud, Aurelio Arturo Orellana Vicuña.
De esta manera, el Parlamento abordará las denuncias constitucionales a los exfuncionarios del Estado por presuntamente haber infringido más de un delito durante sus funciones.