Cámara de Diputados aprueba dictamen que restablece la autonomía de la extinción de dominio
La Cámara de Diputados del Congreso aprobó este martes 10 de noviembre un dictamen que modifica el Decreto Legislativo 1373 para restablecer la autonomía procesal del mecanismo de extinción de dominio. Con una votación de 66 votos a favor, ninguno en contra y 36 abstenciones, el pleno dio luz verde al texto sustitutorio emitido por la Comisión de Justicia.
Restablecimiento de la independencia procesal y alcance de la medida
La reforma aprobada en el pleno plantea desvincular de forma sustancial el trámite de extinción de dominio respecto de las acciones penales comunes, garantizando que el Estado cuente con un instrumento jurídico autónomo y directo para la recuperación de activos obtenidos al margen de la ley.
Bajo este nuevo marco normativo, los órganos jurisdiccionales especializados quedan plenamente facultados para solicitar e instaurar la pérdida de titularidad sobre bienes vinculados a actividades delictivas complejas, como el crimen organizado, la corrupción o el lavado de activos, sin la obligación formal de aguardar la emisión de una sentencia penal firme contra los procesados.
Asimismo, el dictamen aprobado especifica que bajo ninguna circunstancia procesal la demanda de extinción de dominio se suspenderá por la presentación de cuestiones previas, excepciones, defensas de fondo u otros recursos presentados por las partes investigadas que busquen dilatar el pronunciamiento judicial.
Restricciones sobre bienes incautados y coordinación judicial
En lo que concierne a la administración de los activos, la norma estipula de forma explícita que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) mantendrá bajo custodia las propiedades afectadas, quedando estrictamente impedido de subastar, disponer o adjudicar dichos bienes hasta que la sentencia final alcance la condición de cosa juzgada.
Adicionalmente, el texto legal incorpora una precisión técnica en materia de competencias procesales, determinando que no procederá interponer una demanda de extinción de dominio sobre aquellos inmuebles o vehículos que ya permanezcan bajo medidas de coerción real orientadas al decomiso dentro de un proceso penal activo en el que corresponda emitir un fallo definitivo sobre dicho extremo.
Con este pronunciamiento, el Poder Legislativo busca dejar sin efecto las reformas incorporadas durante el periodo parlamentario 2021-2026, las cuales habían condicionado la aplicación de la extinción de dominio a la existencia previa de una condena penal consentida o un laudo arbitral firme, reduciendo la efectividad del Estado frente al delito.
En ese sentido, la Cámara de Diputados oficializó el envío del expediente legislativo hacia la Cámara del Senado con el fin de continuar con el trámite constitucional correspondiente para su debate, segunda votación y eventual promulgación formal en el diario oficial.