10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/11/2026
El escenario político en el Congreso vuelve a tensarse tras la oficialización de una denuncia constitucional contra el presidente del Senado, Miguel Torres por parte de dos diputados de la bancada de Juntos por el Perú.
La medida fue presentada formalmente ante la Mesa Directiva por los parlamentarios Amalia Palomino (representante de Arequipa) y Jesús Pérez (por Apurímac), ambos integrantes del grupo opositor, quienes exigen que se sancione al titular legislativo con 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, amparándose en el artículo 100 de la Constitución.
Los cuestionamientos técnicos detrás de la autógrafa de ley
El núcleo de la denuncia apunta directamente a las irregularidades detectadas en el proceso de dación de la Ley 32743. Según los congresistas denunciantes, la autógrafa remitida al Poder Ejecutivo consignaba de forma excluyente a la Cámara de Diputados, vulnerando el principio de representación bicameral que establece que la labor legislativa recae en el Congreso en su conjunto.
Asimismo, la acusación cuestiona que el documento oficial incluyera la rúbrica del primer vicepresidente del Senado sin contar con un marco normativo que lo autorice expresamente, además de criticar que el error inicial se pretendiera enmendar mediante un simple aviso de fe de erratas y no a través de una ley rectificatoria formal.
De la defensa cerrada al giro normativo de Torres
Este nuevo embate judicial se produce tras semanas de fricciones internas entre ambas cámaras legislativas. En un primer momento, el titular del Senado había defendido con firmeza la validez del documento enviado al Ejecutivo, argumentando interpretaciones del reglamento bicameral vigentes.
Sin embargo, ante los fuertes cuestionamientos y el oficio de reclamo presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, Torres optó por dar marcha atrás, reconoció el yerro material y ordenó la publicación de una corrección en el diario oficial El Peruano.
La formalización de esta denuncia constitucional evidencia que las asperezas institucionales derivadas de la implementación del nuevo sistema bicameral están lejos de zanjarse entre ambas cámaras.
Mientras la Comisión Permanente y el Pleno evalúan el curso de la acusación contra Miguel Torres, el episodio deja al descubierto las fricciones procedimentales y el escrutinio al que se enfrenta la actual mesa directiva del Parlamento en el manejo de normas de alta trascendencia nacional.

