Admite a trámite
21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/10/2026
La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 21 votos a favor la admisibilidad de la Denuncia Constitucional n.°65 formulada por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Cargos imputados al exministro y sustentación de la acusación fiscal
La acusación formulada por el titular del Ministerio Público atribuye al exministro Juan José Santiváñez la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y peculado doloso por utilización en agravio de los intereses del Estado. Las indagaciones preliminares se centran en supuestas gestiones irregulares que el investigado habría realizado ante altos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del Ministerio de Justicia.
A estas imputaciones por tráfico de influencias se suma la figura delictiva de peculado doloso, referida al presunto empleo arbitrario e indebido de la infraestructura y recursos de la institución policial. La tesis fiscal sostiene que el ex titular del sector habría dispuesto de instalaciones institucionales bajo su administración para actividades de índole estrictamente particular que no guardaban relación con el servicio público.
La verificación formal realizada por el equipo técnico de la comisión parlamentaria determinó que el recurso presentado reúne la totalidad de presupuestos procesales para avanzar en la sede legislativa. Al haber superado el examen primario de admisibilidad, el grupo de trabajo notificará al denunciado para que ejerza su derecho a la defensa conforme a los plazos previstos en la normativa vigente.
Decisiones sobre magistrados del TC y caducidad de prerrogativas funcionales
Durante la misma sesión de trabajo, el fuero parlamentario rechazó por mayoría otras iniciativas acusatorias por no encuadrarse en el marco normativo constitucional. Con una votación de 20 pronunciamientos a favor de la desestimación, la comisión declaró la improcedencia de la Denuncia Constitucional n.º 1, la cual estaba dirigida contra tres magistrados del Tribunal Constitucional.
Bajo el mismo margen de votación, el colegiado desestimó las denuncias constitucionales 74 y 76 orientadas contra el jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Gastón Remuy. El rechazo a las denuncias contra el titular de la ONP se sustentó en el análisis técnico que determinó que dicho funcionario público no forma parte del catálogo de autoridades protegidas por la prerrogativa del antejuicio político que establece el artículo 99 de la Carta Magna.
Finalmente, el grupo de trabajo aprobó tres informes finales referidos a la caducidad de la prerrogativa funcional de exaltas autoridades de la magistratura. Entre estos destaca el caso del exjuez supremo Víctor Lucas Ticona Postigo, cuyo expediente por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito fue validado con 16 votos a favor y 3 en contra.
En ese sentido, la Comisión de Acusaciones Constitucionales continuará con el trámite de las denuncias admitidas para garantizar el debido proceso y ejercer el control político asignado por la Constitución sobre los altos funcionarios del Estado.
