Congreso: Aprueban dictamen que busca ampliar a 15 días la detención policial por extorsión y sicariato
En su nueva sesión ordinaria llevada a cabo este martes 4 de noviembre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen que propone ampliar el período de detención policial cuando el imputado está vinculado a los delitos de sicariato y extorsión.
Con 20 votos a favor y dos abstenciones, el grupo de trabajo que preside el parlamentario Arturo Alegría García (Fuerza Popular), definió que el tiempo de permanencia de los acusados a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), por las menciones comisiones, será de dos a quince días.
Detalles de la reforma constitucional
De acuerdo con lo aprobado en el Parlamento, se modifican el numeral 5 y el literal "f" del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución, a fin de fortalecer a los agentes del orden y dotarles de más tiempo para que puedan coordinar con mayor tiempo con el Ministerio Público y realizar las pesquisas conjuntas que estimen pertinentes.
En esa línea, menciona que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia.
"Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, extorsión, sicariato y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término", señala el texto aprobado.
Beneficios para las autoridades
Según el texto, la PNP contará con un mayor plazo para efectuar investigaciones en casos de extorsión y sicariato, se les permitirá el levantamiento del secreto bursátil para investigar sobre las ramificaciones financieras de la criminalidad y se podrá reducir la posibilidad de liberar, sin investigación suficiente, evitando así la impunidad.
La Fiscalía contará con un mayor plazo para poder efectuar investigaciones y realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictivos, en los casos de los mencionados delitos y el Poder Judicial contará con mayor calidad de información para resolver las denuncias penales, lo que contribuirá a mejorar las actuaciones coordinadas con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
Es importante señalar que, por ser un proyecto de reforma constitucional, se requieren dos votaciones en dos legislaturas consecutivas, por lo que, el plazo máximo para aprobarse definitivamente es hasta julio del 2026.
Finalmente, el titular de la Comisión aseveró que lo aprobado va en concordancia con lo planteado por la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y especialistas internacionales.