Congreso: Comisión de Energía y Minas aprueba nuevo plan de trabajo tras corregir polémicos puntos
Tras las severas observaciones generadas por su propuesta inicial, la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora Yenifer Paredes, aprobó por unanimidad la versión modificada de su plan de trabajo.
El nuevo texto de 22 páginas —ampliado desde las 16 páginas originales— reestructuró los ejes de fiscalización y participación ciudadana para reajustarse al marco constitucional y garantizar la neutralidad requerida en el debate minero-energético.
Esta reestructuración se decidió luego de que legisladores de diversas bancadas y especialistas del sector advirtieran sobre excesos en las facultades de control político sobre privados y un eventual favorecimiento a gremios de minería informal como la Confemin.
Visitas inopinadas a empresas privadas
Uno de los cambios de mayor trascendencia aprobados radica en la eliminación total de la potestad de realizar visitas inopinadas o acciones de control político sobre empresas privadas.
En el borrador primigenio, el grupo contemplaba realizar inspecciones de campo sin previo aviso a obras públicas y privadas en ejecución. Sin embargo, el texto ratificado restringe estas facultades exclusivamente a obras y establecimientos públicos, precisando expresamente que cualquier ingreso a propiedad o infraestructura privada requerirá obligatoriamente de la autorización escrita y formal del titular de la compañía.
Participación de Confemin
Asimismo, la comisión rectificó la orientación de sus audiencias públicas descentralizadas para superar los cuestionamientos sobre un eventual favorecimiento hacia gremios de la minería informal como la Confemin. Mientras el plan original priorizaba de forma casi exclusiva a pequeños mineros y mineros artesanales, la nueva hoja de ruta aprobada consagra un principio de representación plural.
De esta manera, se incorporó formalmente a titulares de empresas de mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas, gobiernos regionales y locales, organismos públicos especializados y gremios empresariales, garantizando un diálogo equilibrado entre los actores del sector.
En cuanto al ejercicio del control político, el documento establece que esta atribución parlamentaria se aplicará de manera exclusiva sobre instituciones públicas y autónomas.
Si bien la comisión realizará un seguimiento cercano a la problemática de la minería ilegal, se dejó en claro que estas labores no sustituirán ni interferirán con las funciones de fiscalización administrativa que competen a organismos del Ejecutivo como Osinergmin, OEFA y Sunafil.
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Ministro es citado a la comisión
Finalmente, el grupo acordó citar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para el próximo 15 de setiembre a fin de exponer las políticas de su sector y el avance de la Ley MAPE.
Con estas modificaciones estructurales, el Parlamento busca brindar seguridad jurídica a las inversiones privadas, las cuales quienes observaron el primer proyecto advertían que ello habría puesto sobre terreno peligroso el avance hacia la la formalización y el desarrollo energético frente a una parcialización política por sectores informales.