Congreso debate HOY informe final que recomienda inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo y Delia Espinoza
El Pleno del Congreso, debatirá este miércoles 3 de diciembre, el informe final que recomienda inhabilitar de la administración pública por 10 años al expresidente Pedro Castillo Terrones y a la actualmente suspendida fiscal suprema, Delia Espinoza Valenzuela.
Como se recuerda, en su sesión del pasado 25 de noviembre, la Comisión Permanente de este poder del Estado, aprobó por amplia mayoría dicho texto acusatorio, el cual hoy podría ser ratificado definitivamente con un mínimo de 66 votos, según el artículo 89 del Reglamento del Congreso.
Caso 'Golpe de Estado': Expresidente condena a 11 años de cárcel
El 27 de noviembre último, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció su adelanto de sentencia por el caso 'Golpe de Estado', condenando a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva al expresidente Pedro Castillo Terrones por el delito de conspiración para una rebelión.
Asimismo, deberá pagar una reparación civil solidaria ascendente a S/ 12 millones, por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado, junto a los otros tres condenados: Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta Olivas.
Por este mismo hecho, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República puso a debate las denuncias constitucionales formuladas por los legisladores Alejandro Cavero y Alejandro Muñante, habiendo sido declarada viable para continuar con su trámite parlamentario, el cual está a punto a llegar a su etapa decisiva.
Suspendida fiscal ahora sería inhabilitada
Del mismo modo, la Comisión Permanente del Congreso aprobó su informe final que recomienda la inhabilitación de Delia Espinoza Valenzuela para el ejercicio de cargos públicos por 10 años, por presuntamente incurrir los numerales 1 y 4 del artículo 159, y los artículos 38, 103, 109 y 166 de la Constitución.
Sobre el caso concreto que busca inhabilitarla de la administración pública, la letrada aseveró que no participó en la elaboración del reglamento que presuntamente transgredía la Ley 32130, ni tampoco dicha norma fue emitida por la Junta de Fiscales Supremos (JFS). En esa línea, mencionó que la propia Secretaría de la JFS presentó un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde señala que la deslinda de cualquier acuerdo o redacción del documento en cuestión.
Según este grupo parlamentario, la ley y su reglamento le habrían generado la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, y posible instigación del delito de usurpación de funciones policiales, por haber emitido la Resolución 2246-2024, de fecha 14 de octubre del 2024, la cual incurría la Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales.
Ante la posibilidad de quedar fuera del sector público, Espinoza dejó a entrever que el procedimiento parlamentario obedece a una represalia en su contra, luego de que durante su gestión haya formulado sendas denuncias constitucionales contra cerca de 30 parlamentarios por aparentemente tener alguna conducta delictiva. Desde la defensa del expresidente coinciden en una postura similar.