Delia Espinoza inhabilitada por 10 años: CIDH expresa su preocupación por decisión del Congreso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la decisión del Congreso de la República de inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, expresando su preocupación.
CIDH cuestiona decisión
A través de sus redes sociales, la CIDH expresó su profunda preocupación ante la decisión tomada por el Congreso de la República hace una semana, que imposibilita a la suspendida fiscal retomar su cargo como fiscal de la Nación.
"La CIDH recuerda que las personas operadoras de justicia cuentan con garantías reforzadas de estabilidad. Cualquier remoción debe obedecer las causales permitidas y procedimientos justos que aseguren objetividad e imparcialidad, según la Constitución o la ley", detalló.
Además, la CIDH expresó su opinión respecto a la decisión adoptada por la mayoría parlamentaria contra la fiscal de la Nación suspendida Delia Espinoza.
"A criterio de la CIDH, las inhabilitaciones decididas por el Congreso contra fiscales e integrantes de órganos autónomos amenazan la separación e independencia de los poderes cuando no se respeta el debido proceso y el principio de legalidad", sostuvieron.
Segundo pedido de inhabilitación
Como se recuerda, Espinoza fue inhabilitada por la creación de un reglamento que habría aprobado la Junta de Fiscales Supremos, por ello, la denuncia incluía a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Juan Pablo Sánchez, quienes no fueron inhabilitados.
Pero hay un segundo proceso en curso que incluye las denuncias constitucionales 563 y 618, por la que se la acusa de haber cometido infracciones constitucionales y penales atribuidas por la presentación de la magistrada de la denuncia constitucional 549 contra 11 parlamentarios.
Por dicho caso se citó a Espinoza a la Comisión Permanente para el 17 de diciembre, donde se discutirá el nuevo pedido de inhabilitación por a presunta infracción de los artículos 40, 45, 93 y 139, incisos 3 y 5, así como los artículos 158 y 159 inciso 2 de la Constitución. Además, se la acusa de los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
El congresista Elvis Vergara fue el encargado de realizar los descargos del informe final y precisó que el análisis jurídico se desarrolló con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y con garantía del derecho a la defensa. Por ello, la SAC rechazó el pedido de nulidad planteado por Espinoza, al considerar que no existen vicios para invalidar la actuación penal.
Es por ello que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la decisión de inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años, pues consideran que amenaza la separación de poderes.