Diputados de oposición evalúan acudir al TC por cambios del Senado a la delegación de facultades
La delegación de facultades legislativas al Ejecutivo abrió una nueva controversia en el Congreso peruano. Diputados de oposición evalúan acudir al Tribunal Constitucional (TC) por los cambios introducidos por el Senado al dictamen original, que pasó de 20 a 27 materias y generó cuestionamientos sobre el alcance de la revisión parlamentaria.
Oposición evalúa presentar una demanda ante el TC
Fernando García, integrante de la bancada del Buen Gobierno, confirmó que su grupo parlamentario evalúa presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional por las modificaciones realizadas durante la revisión del Senado. La posibilidad también fue mencionada por representantes de otras agrupaciones opositoras, aunque con distintos niveles de avance.
Asimismo, Indira Huilca, representante de Ahora Nación, también cuestionó el procedimiento seguido durante la revisión. Sin embargo, precisó que su bancada todavía no había debatido formalmente la posibilidad de presentar una demanda ante el organismo constitucional. Por ello, la eventual acción legal continúa en etapa de evaluación.
El desacuerdo se relaciona con las atribuciones de cada cámara durante el procedimiento legislativo. Diputados aprobó inicialmente 20 materias, mientras que el Senado incorporó otras siete al dictamen sometido a discusión. La controversia se centra en determinar hasta dónde puede llegar la Cámara Alta al revisar una propuesta aprobada previamente.
Senado amplió de 20 a 27 las materias
La delegación solicitada por el Ejecutivo contempla un periodo de 90 días para legislar sobre asuntos vinculados con la seguridad ciudadana y la prevención, respuesta y recuperación frente al fenómeno El Niño. Estos fueron algunos de los ámbitos considerados en el dictamen aprobado inicialmente por la Cámara de Diputados.
Durante la revisión parlamentaria, la Comisión de Constitución del Senado incorporó siete materias adicionales. Entre los asuntos incluidos figuran cambios relacionados con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la seguridad de los establecimientos penitenciarios y las organizaciones criminales. De esta manera, el documento pasó a contemplar un total de 27 materias.
La controversia también comprende el alcance de la función revisora del Senado. Desde el Congreso se han planteado cuestionamientos sobre la posibilidad de incorporar materias que fueron excluidas durante la aprobación inicial en Diputados, así como sobre la ampliación del contenido de la propuesta legislativa.
Por ahora, los diputados opositores evalúan los pasos que podrían seguir frente a las modificaciones del Senado. La delegación de facultades continúa siendo materia de debate parlamentario, mientras la eventual intervención del TC dependerá de las decisiones que adopten los grupos involucrados y de una posible presentación formal.