José Jerí tendrá abogado pagado con dinero público para enfrentar investigación por caso 'Chifagate'
Un documento emitido por la Subsecretaría General de la Presidencia reveló que el presidente interino José Jerí pidió el pasado 29 de enero que el Estado cubra los gastos de su defensa legal en la investigación preliminar que sigue la Fiscalía de la Nación.
El caso se centra en sus reuniones privadas y no registradas con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, vinculados a proyectos energéticos y a procesos judiciales por delitos ambientales.
La resolución oficial señala que Jerí solicitó asesoría legal por estar comprendido en la Carpeta Fiscal N° 15-2026, que lo investiga por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, ambos en agravio del Estado.
Proceso de contratación
Aunque ya se aprobó que Jerí contará con un abogado pagado con dinero público, aún no se conoce el monto de la contratación ni el nombre del defensor. El Despacho Presidencial realizará un estudio de mercado para determinar los honorarios.
Un círculo presidencial cuestionado
El mandatario ya declaró ante el Ministerio Público en Palacio de Gobierno el pasado 30 de enero, acompañado de un abogado. La diligencia se centró en el llamado caso "Chifagate", que involucra una reunión reservada con Yang en diciembre de 2025, justo cuando su empresa solicitaba postergar obras de la estación hidroeléctrica Pachachaca 2.
La Fiscalía también investiga ingresos de Ji Wu Xiaodong a Palacio, pese a que cumple arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera y presunta pertenencia a la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía.
El uso de fondos públicos para costear la defensa del presidente puede generar un nuevo flanco para críticas al interpretarse como un privilegio frente a otros funcionarios que enfrentan procesos similares. La oposición, por su lado, viene denunciando también un presunto blindaje institucional en medio de crecientes cuestionamientos por falta de transparencia.
De este modo, la decisión de José Jerí de trasladar al Estado el costo de su defensa no solo resulta ser un trámite administrativo: es un gesto político que expondría la fragilidad de su legitimidad.
En un país donde los recursos públicos son escasos y la confianza ciudadana en las instituciones está erosionada, que el presidente se ampare en el erario para enfrentar fuertes acusaciones refuerza la percepción de distancia entre el poder y la ciudadanía. Más que un asunto legal, el caso se convierte en un termómetro de la relación entre ética pública y supervivencia política.