Rosselli Amuruz solicitó informe al Minjusdh sobre llamadas extorsivas desde el interior de los penales
Para nadie es un secreto que gran cantidad de mensajes y llamadas extorsivas se realizan al interior de los penales del país a pesar de las restricciones que esto implica. Por ejemplo, el último domingo se reveló un informe en el dominical Cuarto Poder donde se conoció que los presos utilizaban un sistema contratado para las comunicaciones desde las prisiones.
En este material periodístico se aprecia como los reos hacen uso irregular del servicio que provee PRISONTEC el cual mantiene contrato vigente con el estado peruano por más de dos décadas.
Rosselli Amuruz solicita informa al Ministerio de Justicia
Como era de esperarse, desde el Congreso de la República no tardaron en reaccionar ante esta revelación por lo que Rosselli Amuruz envió un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos exigiendo que se le haga llegar un informe detallado sobre esta situación.
Una de las principales exigencias de la parlamentaria de Avanza País es conocer el estado del contrato con el consorcio PRISONTEC el cual es encargado de dotar servicios de comunicación en distintos penales del país.
Una de sus principales exigencias es conocer si el Estado tomará las medidas necesarias para evitar que esta situación vuelva a pasar o si existirán sanciones contra dicha empresa por estos actos irregulares.
Según se pudo conocer, el acuerdo deja en claro que las comunicaciones no autorizadas deberían estar completamente prohibidas y hasta bloqueadas. Sin embargo, las mismas se dieron por lo que podrían ser perjudiciales para la sociedad en general.
Operativos en penales
Como se recuerda, desde que el presidente José Jerí decretó el estado de emergencia en Lima y Callao durante 30 días, se inició una serie de operativos en los penales de la capital y el primer puerto con la finalidad de requisar cualquier tipo de objeto prohibido.
Estos se dio en instituciones penitenciarias como el de Lurigancho donde se encontró comodidades nunca antes vistas para los prisioneros. Incluso, a pedido del presidente de la República, el penal Ancón I habilitó un pabellón de máxima seguridad donde fueron trasladados más de una veintena de reos de alta peligrosidad quienes habían incurrido en los delitos de sicariato, asesinato, extorsión, entre otros.
De esta manera, la congresista Rosselli Amuruz envió un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos exigiendo un informe sobre las llamadas irregulares desde el interior del penal Sarita Colonia a pesar del estado de emergencia en Lima y Callao.