Caso Liceo Naval: Ministerio de Justicia despliega equipo de Defensa Pública tras grave denuncia por violencia sexual
El caso de la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años, perpetrada por sus propios compañeros del Liceo Naval Almirante Guise, ha movilizado a diversas instituciones del Estado para garantizar asistencia legal y psicológica a la víctima. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó su intervención en las diligencias.
Soporte legal y multidisciplinario
De acuerdo con el pronunciamiento emitido en la plataforma X, el MINJUSDH dispuso que la Dirección General de Defensa Pública asuma de inmediato un rol activo en el proceso. La entidad gubernamental detalló que un equipo especializado en la defensa de víctimas, acompañado por un equipo de profesionales de diversas disciplinas, acudió a las instalaciones de la Comisaría Especializada de Investigaciones Especiales de Familia.
El objetivo principal de la medida es brindar el patrocinio correspondiente y "realizar las acciones necesarias en beneficio de los usuarios y de las instituciones competentes".
En su mensaje público, el ministerio reiteró su firme compromiso para brindar todo el apoyo que resulte necesario durante el desarrollo del proceso, buscando salvaguardar prioritariamente los derechos e integridad del menor agraviado ante la gravedad de los hechos, presuntamente ocurridos a bordo de un vehículo de traslado luego de culminar una actividad deportiva escolar.
Medidas drásticas y presunta negligencia
La intervención del MINJUSDH ocurre en medio de serios cuestionamientos hacia las autoridades del colegio. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) señaló una presunta negligencia por parte del Liceo Naval en el manejo del hecho y la falta de una denuncia oportuna.
Ante esta situación, la Marina de Guerra dispuso la separación preventiva de la directora, un docente y el entrenador de fútbol encargados de los menores. A su vez, la Fiscalía ordenó tomar la declaración en calidad de testigo de un auxiliar que viajaba en la unidad vehicular donde ocurrió el ataque, buscando esclarecer qué nivel de supervisión ejercían los adultos responsables durante el trayecto y por qué no intervinieron oportunamente.
El escándalo también escaló hasta el Poder Ejecutivo. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció este jueves que el Liceo Naval será sometido a un proceso de reorganización integral y su administración pasará al Ministerio de Educación tras la grave denuncia.
Actualmente, diez estudiantes del centro educativo permanecen retenidos en la dependencia policial de San Borja para afrontar los interrogatorios del Ministerio Público.
Las diligencias se desarrollan en estricta reserva, con la participación activa de fiscales de familia y el Ministerio de la Mujer (MIMP). Desde el ámbito legal, el colegio podría afrontar serias responsabilidades administrativas y civiles si las investigaciones comprueban que la institución omitió los protocolos básicos de prevención y convivencia escolar frente a escenarios de violencia.