Escándalo en el Minsa: funcionario investigado por colusión agravada retorna al sector Salud
El Ministerio de Salud (MINSA) afronta nuevas críticas tras revelarse decisiones administrativas que facilitaron la flexibilización de los requisitos profesionales para dirigir el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), unidad a cargo de una cartera millonaria de obras hospitalarias.
Modificación de perfil técnico y designación de autoridades
Según una investigación periodística publicada en el diario Expreso, Edwin René Coyla Carreño modificó un clasificador de cargos durante su encargo temporal en 2020 para restituir un perfil que permitió la designación de un contador público en la alta dirección de la entidad.
Las observaciones al servidor público se agravan al confirmarse que registra antecedentes judiciales por colusión agravada tras su gestión en la Municipalidad de Amantaní, en Puno. Pese a que la condena inicial de siete años de prisión fue revocada en segunda instancia, el Ministerio Público elevó un recurso de casación ante la Corte Suprema que se mantiene a la espera de resolución definitiva.
La controversia en el PRONIS se remonta al periodo en el que Coyla asumió la Coordinación General encargada del programa social, tras dejarse sin efecto el nombramiento previo del contador Fredy Jordán Medina por no cumplir con los requisitos profesionales vigentes.
Pocos días después de asumir la función temporal, Coyla firmó la Resolución de Coordinación General N.° 037-2020-PRONIS-CG para anular la exigencia que limitaba la dirección a ingenieros y arquitectos, restituyendo el marco normativo de 2019 que admitía a profesionales en Contabilidad, Economía, Derecho y Administración.
Proceso pendiente en la Corte Suprema y antecedentes en el sector
El expediente de Coyla incluye una sentencia dictada en primera instancia a siete años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada durante su desempeño en la Municipalidad de Amantaní. Aunque la defensa logró la absolución del imputado en una sala de segunda instancia, la Fiscalía ratificó la persecución penal mediante un recurso de casación que aún aguarda el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema.
A la par del recurso penal en trámite, el funcionario promovió una demanda de amparo en la vía constitucional para revertir cuestionamientos en su contra; sin embargo, la medida fue desestimada sucesivamente por las instancias judiciales correspondientes y confirmada por el Tribunal Constitucional.
Pese a este escenario legal y administrativo, el servidor reapareció en el sector Salud desempeñando funciones en la subgerencia de obras bajo la gestión del propio Jordán en EsSalud. La permanencia de funcionarios con investigaciones o procesos penales abiertos en entidades que administran fondos públicos mantiene bajo escrutinio las políticas de contratación del Estado.
La supervisión técnica y la transparencia en la adjudicación de contratos hospitalarios continúan siendo aspectos clave para garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la atención médica nacional. En ese sentido, el Minsa se encuentra nuevamente bajo el escrutinio público por la idoneidad de los funcionarios que administran el presupuesto destinado a la infraestructura hospitalaria del país.