Facultades Legislativas: Ejecutivo aún puede impulsar reforma tributaria mediante proyecto de ley, asegura experto
La reciente decisión de la Comisión de Constitución de limitar las facultades legislativas únicamente a temas de seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño no significa el fin del camino para las aspiraciones económicas del Gobierno. En entrevista con Exitosa Noticias, el abogado tributarista Juan Carlos Cieza enfatizó que el Poder Ejecutivo mantiene plena iniciativa legislativa.
En ese sentido, el especialista señaló que la administración actual tiene la total capacidad de diseñar una reestructuración tributaria integral y presentarla ante el Parlamento formalmente como un proyecto de ley.
Esta vía regular obligaría a los distintos actores políticos a debatir abiertamente y buscar los consensos necesarios para llevar la reforma adelante, garantizando una mayor transparencia institucional.
Un rechazo constitucionalmente fundamentado
Para comprender el contexto de esta alternativa, es vital analizar por qué se negaron la mayor parte de las facultades en primer lugar. Cieza calificó como "correcta" la decisión de la Comisión de Constitución de acotar el pedido del Ejecutivo, argumentando que la solicitud original carecía de precisión.
El abogado recordó que, según el artículo 74 de la Constitución, los tributos se crean, modifican o derogan exclusivamente mediante leyes dictadas por el Legislativo.
Si bien existe la excepción de las facultades delegadas, estas exigen que el Gobierno especifique detalladamente qué normas y regímenes pretende alterar; un requisito de rigurosidad que, según el experto, la amplia solicitud del Ejecutivo no logró cumplir.
El fin de los "parches" tributarios
Al llevar esta propuesta a través de un proyecto de ley, el país tendría la oportunidad de aplicar cambios profundos y no simples "parches" normativos, según el experto.
Cieza argumenta que el Perú requiere urgentemente una reforma estructural que simplifique el sistema. Su propuesta técnica apunta a reducir el panorama a solo dos regímenes: uno verdaderamente simplificado, orientado a negocios de estricta subsistencia como bodegas o puestos de mercado; y un régimen general empresarial con tasas escalonadas.
Este último modelo comenzaría tributando con un 10% y aumentaría de forma progresiva según la utilidad real del negocio, evitando asfixiar financieramente a los emprendedores que buscan crecer.
Más allá de los mecanismos legales que elija el Ejecutivo, el éxito de cualquier futura reforma tributaria dependerá de solucionar un problema estructural mucho más profundo: la falta de confianza en el Estado.
El especialista concluyó que la deficiencia en servicios básicos, sumada a la creciente ola de extorsiones y a la postura históricamente punitiva de la Sunat, ahuyentan a los emprendedores. Por ello, cualquier proyecto de ley que busque ampliar verdaderamente la base tributaria deberá enfocarse en ofrecer reglas claras, predictibilidad y verdaderos incentivos para la formalización.