Gobierno de José María Balcázar aprueba Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028
El Gobierno de José María Balcázar aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028. Se trata de una estrategia que tiene como finalidad principal reducir progresivamente la sobrepoblación carcelaria que viene afectando al sistema penitenciario nacional.
Aprueban plan para disminuir hacinamiento penitenciario hasta 2028
La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N° 0203-2026-JUS, publicada en la edición extraordinaria de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Se enmarca directamente dentro de los objetivos contemplados en la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
Es adoptada en un contexto marcado por el persistente hacinamiento carcelario, problema que fue declarado como un estado de cosas inconstitucional por el Tribunal Constitucional y que motivó, además, la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario en 2024.
La disposición administrativa tiene como prioridad la reducción significativa del hacinamiento en el sistema penitenciario, el fortalecimiento del orden así como la seguridad en los centros penitenciarios y mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria.
El cumplimiento del plan estará liderado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que trabajará de forma coordinada así como articulada con la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales.
Asimismo, la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será el órgano encargado de monitorear e informar el cumplimiento de las metas y reportar periódicamente los avances alcanzados hasta 2028.
Como se evidencia, la estrategia busca articular esfuerzos entre diversas áreas del Estado para contrarrestar el hacinamiento en las prisiones en todo el territorio peruano y mejorar la gestión del sistema penitenciario.
Plazos de implementación
La resolución establece que el INPE y la Dirección General de Asuntos Criminológicos tendrán que presentar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, los instrumentos técnicos que permitirán monitorear la ejecución del plan.
Dichos mecanismos serán fundamentales para medir resultados, detectar problemas y verificar el cumplimiento de los objetivos orientados a reducir la sobrepoblación penitenciaria.También, se implementarán reportes periódicos para evaluar el impacto de las medidas adoptadas y realizar ajustes cuando sea necesario.
Vale señalar que, la norma también autoriza al INPE a establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para fortalecer la atención de la población penitenciaria cuyo fin es ampliar los servicios de orientación, asistencia y patrocinio legal gratuito, facilitando el acceso a la justicia para miles de internos en todo el país.
Con el propósito de disminuir progresivamente la sobrepoblación de las cárceles del país, el Gobierno de José María Balcázar aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, que está impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.