Transportistas exigen que Meta instale una oficina en Perú para frenar delitos por WhatsApp
En declaraciones para Exitosa, dirigentes de transportistas del Cono Este denunciaron que las extorsiones y amenazas a conductores aumentan cada día, y que los delincuentes utilizan WhatsApp como su principal medio para cometer delitos.
Los representantes señalaron que las mafias operan con total impunidad, aprovechando las limitaciones tecnológicas de la Policía Nacional para rastrear o bloquear cuentas vinculadas a actividades delictivas. Según advirtieron, el sistema de coordinación con el extranjero retrasa las investigaciones, lo que permite que los criminales sigan actuando sin consecuencias.
"Si un policía quiere pedir el bloqueo o la ubicación de una cuenta de WhatsApp, debe pasar por el fiscal, el juez y luego esperar respuesta desde Estados Unidos. Eso es nunca llegar", afirmaron los voceros del gremio.
Piden a la PCM intervenir y exigir una sede de Meta en Perú
Ante esta situación, los transportistas solicitaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que exija a Meta, empresa que administra WhatsApp, instalar una oficina en el Perú. Su objetivo es que exista una coordinación directa con el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional (Dirincri) para agilizar las respuestas ante denuncias por extorsión.
"Necesitamos soluciones prácticas e inmediatas. No podemos seguir viviendo en un limbo, esperando meses por un oficio que nunca llega. Con una oficina de Meta en Perú, la comunicación sería directa y los delincuentes perderían ventaja", remarcaron los dirigentes.
Además, manifestaron que la inseguridad afecta no solo a los transportistas, sino también a los comerciantes, estudiantes y familias que sufren diariamente la violencia urbana. Exigieron que el Gobierno implemente medidas tecnológicas para rastrear y sancionar con mayor rapidez a los responsables.
"Leyes pro-crimen debilitan la lucha contra la delincuencia"
Durante su intervención, los representantes de los transportistas criticaron al Congreso de la República por aprobar lo que consideran "leyes pro-crimen". Entre ellas, mencionaron la Ley 31.990, que —según indicaron— dificulta la colaboración eficaz y reduce los tiempos de investigación, y la Ley 32.118, que pone trabas a los allanamientos en casos criminales.
"El Congreso debe derogar estas normas por el bien de la sociedad. No se puede seguir favoreciendo a los delincuentes mientras los ciudadanos viven atemorizados", enfatizaron.
De acuerdo con sus declaraciones, entre enero y julio de 2025 solo se registraron cuatro sentencias por extorsión en todo el país, mientras que el 98% de los casos permanecen archivados o sin resolución. "Los delincuentes vuelven a las calles porque no hay sentencias efectivas", denunciaron.
Finalmente, los transportistas advirtieron que no permitirán más muertes ni agresiones contra conductores, e hicieron un llamado al presidente de la República a priorizar la seguridad ciudadana con medidas concretas y tecnológicas.