Caso 'Chifagate': Fiscalía solicita levantar el secreto de las comunicaciones de José Jerí por presunto tráfico de influencias
El cerco legal se estrecha sobre el expresidente interino José Jerí. La Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado formalmente al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exmandatario.
Esta medida se enmarca en las investigaciones preliminares que se le siguen por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. El requerimiento fiscal abarca de manera precisa el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026, lapso que coincide exactamente con el inicio y el final de su gestión presidencial encargada.
Para evaluar esta solicitud, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso correr traslado del requerimiento y ha programado una audiencia reservada para el lunes 5 de octubre a las 09:30 a.m..
El origen del escándalo: el 'Chifagate'
La medida judicial no solo apunta al exjefe de Estado, sino que incluye a otras cuatro personas que habrían sido piezas clave en la presunta red de favores. El principal coimplicado es el empresario chino Zhihua Yang, figura central de la controversia mediática bautizada como 'Chifagate'
El nombre de este empresario se conoció en enero de 2026, tras la difusión de imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Jerí ingresando de forma encapuchada a un restaurante chifa de su propiedad en San Borja, la noche del 26 de diciembre de 2025.
Días después, el 6 de enero, ambos volvieron a encontrarse en otro local comercial de productos chinos, también administrado por Yang. Ninguna de estas reuniones fue registrada en la agenda oficial de la Presidencia de la República.
Contratos bajo sospecha y ascensos irregulares
Además del empresario gastronómico, el pedido fiscal involucra a otros tres personajes que, presuntamente, habrían obtenido beneficios del Estado tras vincularse con la gestión de Jerí. Uno de ellos es Shui Qin, representante legal y socio fundador de Nuctech Perú, una empresa que logró su primera orden de servicio en diciembre de 2025, otorgada directamente por el Despacho Presidencial.
Este contrato por S/ 35.577, destinado al mantenimiento de equipos de rayos X y detectores de metales en Palacio de Gobierno, se concretó luego de que Qin registrara visitas de varias horas a la sede del Ejecutivo, a pesar de que su compañía estaba inscrita como proveedora desde 2023 sin éxito previo.
En la misma línea de cuestionamientos se encuentra Alicia Alexandra Camargo Leiva, quien integra una lista de mujeres que sostuvieron reuniones en el Despacho Presidencial y posteriormente accedieron a contratos estatales. Tras un encuentro con el exmandatario el 14 de octubre de 2025, Camargo fue contratada como locadora bajo la modalidad FAG con un salario de S/ 10.000 mensuales.
El avance de estas investigaciones preliminares marca un momento crítico para la rendición de cuentas y la transparencia institucional. La solicitud no solo busca esclarecer el nivel de injerencia que tuvieron figuras externas en las contrataciones y ascensos del Estado, sino que también pretende destapar el grado de participación directa del exmandatario.
El desenlace de la próxima audiencia reservada será determinante para conocer la solidez de este entramado de influencias ilegales y establecer, en última instancia, las responsabilidades penales de todos los involucrados frente a la justicia.