Chancay bajo disputa: PJ falló a favor de Cosco Shipping para restringir supervisión del megapuerto por OSITRAN
El Primer Juzgado Constitucional de Lima emitió una sentencia que ha generado fuerte controversia en torno al futuro del megapuerto de Chancay, proyecto estratégico operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A..
El fallo declara fundada la acción de amparo presentada por la empresa china y dispone que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) se abstenga de ejercer sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.
La resolución solo permite que OSITRAN intervenga en la determinación de tarifas a usuarios finales, y únicamente si el Indecopi concluye que no existe competencia en el mercado. En ese escenario, la decisión de Indecopi tendría que quedar firme para habilitar la intervención del regulador.
Un puerto de uso público
El puerto de Chancay, aunque de propiedad privada, es de uso público, lo que significa que presta servicios a terceros y debería estar sujeto a supervisión estatal. La sentencia judicial, sin embargo, limita de manera drástica el rol de OSITRAN, generando preocupación sobre un posible "vacío de control" en una infraestructura considerada clave para el comercio internacional del país.
La decisión contradice la posición técnica de Indecopi y del propio OSITRAN, que han sostenido que el puerto debe estar regulado como infraestructura de uso público. El fallo abre un choque institucional entre el Poder Judicial y los organismos especializados, y plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica y la capacidad del Estado para garantizar transparencia en proyectos estratégicos.
Reacción del regulador
Horas después de conocerse la sentencia, OSITRAN emitió un comunicado en el que aclaró que aún no ha sido notificado formalmente por el Poder Judicial. Reiteró que la normativa vigente le otorga facultades de supervisión sobre infraestructuras de transporte de uso público, incluyendo puertos privados como Chancay, y reafirmó su compromiso con la protección de los usuarios y la eficiencia del servicio portuario.
El caso no se limita a un debate legal: toca fibras de soberanía económica y control estatal. Al restringir la fiscalización de OSITRAN, el fallo podría sentar un precedente que debilite la función de los reguladores en otros proyectos de infraestructura.
Al mismo tiempo, coloca al Perú en una situación delicada frente a la inversión extranjera: se garantiza libertad empresarial, pero se cuestiona la capacidad del Estado de proteger el interés público.