Jessica Navas: diputada deberá pagar S/150 mil de reparación civil tras fallo del Poder Judicial
El Poder Judicial dispuso que la diputada Jessica Navas, integrante de Fuerza Popular, pague una reparación civil de S/150,000 al Estado peruano. La decisión se dio tras el juicio por el caso del proyecto "Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha", en Ucayali, donde se cuestionó la compra de vehículos no contemplados en el presupuesto original.
Aunque fue absuelta de los delitos de malversación y peculado, la justicia determinó que existió un daño patrimonial y extrapatrimonial que debe ser resarcido.
La sentencia del tribunal
El fallo fue emitido por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo, a cargo de la jueza Ana Bedoya Maque. La magistrada concluyó que no se acreditó la "afectación al servicio" necesaria para configurar el delito de malversación, pero sí se comprobó que bajo la coordinación de Navas se realizaron adquisiciones irregulares que generaron perjuicio económico.
La reparación civil deberá ser pagada de manera solidaria junto a otros dos coacusados. La lectura integral de la sentencia quedó programada para el 10 de septiembre de 2026, fecha en la que se detallarán los fundamentos completos de la resolución.
Los motivos de la reparación
El caso se originó en el proyecto "Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha", ejecutado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali. Durante la gestión de Navas como coordinadora se autorizaron compras que no estaban previstas en el presupuesto inicial:
- Un bus turístico de dos niveles valorizado en aproximadamente S/399,000.
- Una camioneta 4x4 por S/131,000.
- Cuatro motocicletas lineales por S/30,000.
La Fiscalía había solicitado una condena de 4 años y 8 meses de prisión y una reparación civil de S/560,467, pero el tribunal redujo el monto y descartó la pena privativa de libertad.
Políticos bajo lupa
La sentencia contra Navas se da en un momento en que el Congreso enfrenta críticas por la transparencia de sus integrantes. Aunque la parlamentaria no fue hallada culpable de delito, el hecho de que deba pagar reparación civil evidencia responsabilidades administrativas y patrimoniales en el manejo de fondos públicos.
El caso también refleja la práctica judicial de imponer sanciones económicas aun cuando no se configuran delitos penales, como mecanismo para resarcir al Estado por el uso indebido de recursos.
Jessica Navas no enfrentará condena penal, pero sí deberá responder económicamente por las irregularidades en el proyecto turístico de Yarinacocha. El fallo marca un precedente sobre cómo el Poder Judicial puede imponer reparación civil cuando se comprueba daño patrimonial, incluso sin sentencia condenatoria. La lectura completa del fallo permitirá conocer los argumentos finales, pero lo cierto es que la parlamentaria tendrá que asumir una responsabilidad económica significativa en favor del Estado.