Proceso continúa
21/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 21/08/2026
El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido formulado por la defensa legal del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, para archivar el imputado delito de colusión agravada atribuido por el Ministerio Público en el marco del expediente del Gasoducto Sur Peruano.
Argumentos de la defensa y acusación penal del Ministerio Público
La defensa técnica del exmandatario sostuvo ante el juzgado que la imputación formulada por el Ministerio Público sobre la figura de colusión agravada carecía de sustentación adecuada. Según el planteamiento de los abogados, el hecho atribuido no satisfacía los elementos objetivos del tipo penal exigidos estrictamente por la ley y, por consiguiente, la conducta descrita no debía ser procesada como un delito. Sin embargo, los argumentos presentados resultaron insuficientes para convencer a la judicatura, declarándose infundada la solicitud para sobreseer el expediente.
Por su parte, la fiscal provincial Geovana Mori, representante del Equipo Especial Lava Jato, formalizó un pedido de 35 años de pena privativa de la libertad contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en caso de ser hallados responsables.
La tesis fiscal abarca la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, lavado de activos, obstrucción a la justicia y cohecho pasivo propio cometidos en agravio del Estado peruano. De acuerdo con las indagaciones, el proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales derivadas del otorgamiento del proyecto energético a consorcios privados.
El Ministerio Público atribuye al expresidente haber coordinado presuntamente con altos directivos de la empresa Odebrecht para direccionar de forma irregular la adjudicación del megaproyecto durante la gestión gubernamental del periodo 2011-2016. Según las investigaciones en curso, las gestiones se habrían enfocado en asegurar la concesión de la megaobra del Gasoducto Sur Peruano a favor del consorcio adjudicatario.
Alcances del proceso penal y más imputados en la causa
Las pretensiones del Ministerio Público no se limitan únicamente a la expareja presidencial, sino que comprenden un requerimiento acusatorio más amplio en el marco del mismo expediente judicial. La fiscal Geovana Mori solicitó sanciones penales que oscilan entre los 9 y 35 años de cárcel para otras 21 personas naturales presuntamente involucradas en la red delictiva. La lista de acusados incluye a altos exfuncionarios públicos del sector Energía y Minas y de Economía, así como a exrepresentantes de la firma brasileña en el país.
Entre las exautoridades comprendidas en el requerimiento del Equipo Especial figuran los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes. Asimismo, la acusación abarca al exsuperintendente de la constructora Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, en calidad de investigado clave.
En ese sentido, el PJ ratificó la validez del proceso penal seguido contra el exmandatario y su cónyuge, asegurando que las investigaciones por presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas continúen según el debido procedimiento.
