Ministerio Público respalda archivar proceso penal contra Delia Espinoza tras reconocer abuso del Congreso
En un giro inesperado para la política peruana, la Fiscalía decidió no oponerse al pedido de archivo solicitado por Delia Espinoza. El representante del Ministerio Público señaló que la acusación enviada por el Legislativo no presenta evidencias mínimas de criminalidad en las acciones de la magistrada.
Autonomía fiscal frente a decisiones del Parlamento
El fiscal adjunto supremo Eduardo Atencio Ramos precisó que la investigación preparatoria no tuvo un origen técnico institucional. Según Atencio Ramos, el caso se inició estrictamente por una resolución acusatoria del Congreso, la cual obligó a la formalización de la investigación sin una estructura de actos propia.
La institución reafirmó que su deber principal es defender la legalidad y los derechos ciudadanos por encima de mandatos políticos externos. Según Atencio Ramos, los fiscales actúan con absoluta independencia de criterio, adecuando cada uno de sus actos procesales a lo que dictan estrictamente la Constitución y la ley.
Para el Ministerio Público, el cuestionado reglamento de actuación fiscal no puede generar responsabilidad penal contra Delia Espinoza. Esto se debe a que la magistrada no respaldó ni firmó dicho documento normativo, eliminando cualquier nexo causal que permita sostener los delitos de prevaricato, falsedad o abuso.
Debate judicial y postura de la Procuraduría
La Procuraduría General del Estado mantiene una posición distinta y se opone parcialmente a que se archive todo el expediente. Aunque aceptan retirar los cargos de prevaricato y falsedad genérica, insisten en que Espinoza debe ser procesada todavía por los presuntos delitos de abuso de autoridad.
Por su parte, el abogado defensor David Lértora explicó que atribuirle delitos por un reglamento ajeno es jurídicamente inviable y arbitrario. Lértora sostuvo que el proceso debe anularse mediante la excepción de improcedencia de acción, herramienta legal que se utiliza cuando el hecho denunciado no constituye un delito real.
El magistrado Juan Carlos Checkley, encargado de la investigación preparatoria, escuchó a todas las partes y emitirá un fallo definitivo próximamente. La decisión del juez determinará si prevalece el criterio de objetividad fiscal o si el proceso penal continúa bajo los argumentos presentados por la defensa del Estado.
La resolución del Poder Judicial será clave para sentar un precedente sobre el control de las acusaciones constitucionales del Congreso. Al quedar acreditado que el Ministerio Público no ve delito, las palabras claves para la resolución serán el respeto a la autonomía y el archivo del proceso penal.
Este escenario redefine la relación entre poderes, subrayando que la justicia penal no debe ser utilizada como una extensión de las controversias políticas. Según el Ministerio Público, la transparencia institucional exige que el Poder Judicial confirme el archivo del proceso penal.