San Juan de Lurigancho: Exalcalde es sentenciado por colusión en compra de helicóptero para el distrito
El Ministerio Público informó que la Fiscalía Anticorrupción obtuvo una condena de nueve años de prisión efectiva a Carlos Burgos, contra un exalcalde de San Juan de Lurigancho por su responsabilidad en el delito de colusión durante la compra de un helicóptero para el distrito.
Ocho exfuncionarios también fueron condenados
Con él también fueron condenados ocho exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, a la misma pena y por el mismo delito: César Muñoz, exsubgerente de Abastecimiento; Javier Pérez y Abdón Powosino, exsubgerentes de Seguridad Ciudadana; Gustavo Zevallos, exgerente de Administración y Finanzas; Eutemio Aucapoma, exgerente de Servicios a la Ciudad; el asesor externo Wilfredo Arenaza; y los regidores Romer Layme, José Zambrano y Teódulo García.
Asimismo, fue sentenciado Wladimir Abad, dueño de las empresas Heli Abad S. A. C., Abad Air Inc. y Heli X International Inc., en calidad de cómplice primario, a nueve años de prisión por el delito de colusión agravada y a siete años por el delito de falsificación de documentos.
Según la investigación fiscal, los funcionarios municipales involucrados se coludieron con el contratista para adquirir un bien público cuyo dominio siempre estuvo a manos de un particular, por lo que era el único beneficiado.
Los detalles del millonario "negocio" por el helicóptero
Detrás de la reciente sentencia contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, se esconde una trama de irregularidades que la Fiscalía Anticorrupción ha logrado desentrañar tras años de investigación.
Todo se remonta al año 2013, cuando la gestión municipal contrató a la empresa Heli Abad S. A. C. por el monto de S/ 1 490 108.88 para que efectúe la compra de un helicóptero de apoyo a las operaciones de seguridad ciudadana en el distrito.
Heli Abad S.A.C. A pesar de que el helicóptero fue pagado íntegramente con las arcas municipales de San Juan de Lurigancho, la compañía obtuvo el certificado de aeronavegabilidad a su propio nombre. De esta manera, Heli Abad S.A.C. figuraba como el único operador oficial de la nave, dejando a la Municipalidad (que puso el dinero) fuera de la titularidad legal que le correspondía. Este "error" administrativo permitió que un bien público quedara, en la práctica, bajo control privado.
Regidores y funcionarios incluso viajaron a la planta de la empresa ubicada en Estados Unidos para la primera parte de la recepción del bien. Sin embargo, la municipalidad contrató a un especialista vinculado a una de sus empresas del proveedor para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.